Lo ocurrido ayer en Barcelona, cumbre, minicumbre, encuentro, conciliábulo (todos esos calificativos se merece) fue el primer asalto para reconstruir la alianza que echó del poder al PP, con los mismos personajes y objetivos. Si la tildo de «no santa» es porque los intérpretes han traicionado a sus electores y promesas. Los independentistas habían dicho que no mantendrían relaciones con Sánchez mientras algunos de sus líderes estuviesen encarcelados, y sin embargo, lo han hecho. Es más, siendo como son derecha pura y dura, han dejado en la estacada a los empresarios al apoyar un techo de gasto que estos han denunciado por dañar sus intereses. Lo de Sánchez es aún más grave, al haber aceptado las condiciones de Torra para el encuentro: no en la delegación del Gobierno en Cataluña, como debería ser para mostrar que es el presidente de España, sino en el Palacio de Pedralbes, lugar paradigmático catalán y con un protocolario tú a tú de ambos presidentes, seguido de una sesión con sus vicepresidentes y tres ministros, la de Justicia incluida. ¿De qué iban a hablar? Pues de tribunales, presos, competencias y planes futuros. Todo ello empaquetado como una lujosa cesta navideña de 2.000 millones de euros que corresponden a Cataluña en los próximos presupuestos. A esto le llama Sánchez «diálogo», cuando es, según se mire, compra o chantaje. Agrava la cosa que no tiene poderes para poner en libertad a los políticos encarcelados ni hay seguridad de que sus presupuestos pasen la barrera del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Pero lo importante es seguir en el poder y afianzarse en él, para llevar adelante sus planes de largo alcance.
La estrategia incluye celebrar elecciones cuando el chorro de millones haya aliviado la situación económica de amplios sectores de la población -desde los funcionarios a los pensionistas, pasando por los parados- y desde esa plataforma, acometer lo que de verdad les interesa: reforma constitucional que elimine, o al menos debilite, los principios de la hoy vigente, desde la Monarquía a la organización territorial, dando más competencias a las autonomías y socavando los cimientos del sistema de garantías y libertades que tenemos. A muchos les parecerá que fantaseo, pero basta oír lo que dicen quienes de manera más o menos explícita han aupado a Sánchez al poder, nacionalistas y extrema izquierda, para darse cuenta de que su meta es una España «nación de naciones», un federalismo asimétrico y una economía más «social» que de mercado, aunque sabemos lo que esto significa; estancamiento y empobrecimiento. Los primeros pasos ya están dados: ha elevado el techo de deuda para gastar a manos llenas comprando votos. Han aceptado las condiciones de los independentistas para negociar y han arrinconado al Rey cuanto pudieron. Les falta neutralizar a la Justicia, el último valladar ante quienes buscan que España sea Memoria Histórica, o ni siquiera eso. Pueden resultar las cuentas de la lechera o la más negra de las realidades.
