Fue en marzo de 2015, a través de una de las decisiones más controvertidas de su programa de reformas, cuando el Gobierno presidido por Mariano Rajoy decidió apartar a sindicatos y empresarios de la gestión económica de unos fondos de formación para el empleo que se habían convertido en una inmensa bolsa de fraude. Con una cifras que superan los 2.000 millones de euros anuales, estos fondos públicos resultan imprescindibles para la actualización de las capacidades laborales de parados y empleados, obligados a reciclarse en un entorno productivo marcado desde hace años por la revolución tecnológica. Tres años después de la aprobación de una medida concebida para racionalizar el gasto y evitar que patronal y sindicatos se lucraran con estas partidas, el Ejecutivo socialista se dispone a darle la vuelta a la tortilla y recuperar un modelo que no solo normalizó el fraude, especialmente extendido en Andalucía, sino que privó a trabajadores y desempleados de la oportunidad de mejorar su perfil laboral y su competitividad.
La España del gasto, estrechamente ligada a una izquierda que prefiere hipotecar a la población antes que asumir la responsabilidad de una contabilidad austera, regresa a lo grande con Pedro Sánchez. Más déficit, subidas salariales por encima de las posibilidades reales del presupuesto, contratación masiva de empleados -véase el caso de Correos- y una contrarreforma formativa que recupera un sistema fallido de ayudas que en buena parte se quedaban por el camino, on-line o presencial. La paz social pasa por satisfacer las demandas de empresarios y sindicatos, pero no al precio de perjudicar a quienes han de ser el objetivo preferente de cualquier política de empleo: los trabajadores.
