Les Corts aprueban la ley de igualdad LGTBi, la de mediación y la de lobbys
Les Corts Valencianes aprobaron ayer la Ley de Igualdad de las Personas LGTBI, que prohíbe las terapias de aversión para modificar la orientación sexual y prevé multas de hasta 120.000 euros en caso de infracción muy grave, como realizar o difundir de esas terapias.
Las terapias de aversión son aquellas que asocian a un estímulo, una sensación muy desagradable, para tratar de este modo de generar una reacción de rechazo a dicho estímulo. Son las terapias que, aún hoy, tratan la homosexualidad como una enfermedad y llegan a decir que «ésta se cura».
La ley valenciana para la Igualdad de personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales fue aprobada con el apoyo de socialistas, Compromís, Ciudadanos y Podemos, y la «abstención positiva» del PP.
El objetivo de esta ley es prevenir agresiones y erradicar cualquier discriminación por cuestiones de orientación sexual, y es la primera norma española que dedica un capítulo entero a reconocer la situación especial y diversa de las personas con variaciones intersexuales o con diferencias del desarrollo sexual.
La ley obligará a que los municipios con más de 50.000 habitantes constituyan una unidad policial especializada en delitos de odio. Además, se crea el Espacio de la Memoria en el que se guardarán los documentos que dejan constancia de la represión que durante décadas han sufrido las personas de este colectivo. También se constituye un consejo consultivo que velará por el cumplimiento de la norma y denunciará sus infracciones.
Todos los grupos de la Cámara, salvo el PP votaron a favor, si bien la diputada «popular» Blanca Garrigues explicó que la abstención de su grupo era «muy positiva» porque aunque ellos no hubieran hecho esta ley así, «es más lo que nos une que lo que nos separa».
La aprobación de la ley produjo un aplauso unánime de todas sus señorías y de los invitados del público entre los que se encontraban activistas del movimiento LGTBi que ondearon banderas del arco iris, que también aparecieron en los escaños.
Por otra parte, el Parlamento aprobó también ayer la ley reguladora de la actividad de los «grupos de interés» de la Comunitat Valenciana.
La norma prevé la creación de un Registro de grupos de interés, en el que será obligatorio inscribirse para poder reunirse o entrevistarse con cargos públicos de la Generalitat, y regula un código común de conducta que deberán seguir estos grupos, como no ofrecer regalos o favores que puedan condicionar la objetividad de los cargos públicos.
El tripartito y Ciudadanos votaron a favor, el PP en contra, y se abstuvieron los diputados «agermanats» escindidos de Cs.
Además, regula la «huella normativa», referida a la publicidad de los contactos que la Administración de la Generalitat mantiene con estos grupos durante la elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto.
El pleno de ayer se convirtió casi en un maratón legislativo ya que se dio luz verde también a la Ley de Mediación, cuyo objetivo es fomentar los procedimientos mediadores para la resolución de conflictos como alternativa a los procesos judiciales.
La norma regula el marco jurídico para los procedimientos de mediación en la Comunitat y reivindica el «diálogo, la participación y la convivencia» para evitar la judicialización de los conflictos. Además, se crea un centro de Mediación y un consejo Asesor.
Por último, les Corts dio el visto bueno a la proposición de ley de prevención de residuos y promoción de la economía circular que defendió Podemos. En dicha ley, además de potenciarse el reciclaje, se propone un sistema de retorno y retorno de envases y hay un apartado en el que se pide el fin de la obsolescencia programada y la obligación de las empresas a reparar sus productos en lugar de sustituirlos.
En el preceptivo informe del Consell, éste señala que el 95 por ciento de articulado ya existe pero no se opone a su tramitación. Solo el PP votó en contra.