Valencia multará con 120.000 euros las terapias para corregir la orientación sexual
En una norma pionera en España, las Cortes Valencianas han aprobado este miércoles la denominada ley de igualdad de las personas LGTBI, que prohíbe las terapias de aversión para modificar la orientación sexual y prevé multas de hasta 120.000 euros -el triple de lo previsto inicialmente- en caso de infracción muy grave, como realizar o difundir esas terapias.
La ley valenciana para la Igualdad de personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales, cuya aprobación ha recibido un largo aplauso de todos los grupos y de colectivos LGTBI presentes en la tribuna de invitados, ha quedado aprobada con el apoyo de socialistas, Compromís, Ciudadanos y Podem, y la abstención del PP.
El objetivo de esta ley es prevenir agresiones y erradicar cualquier discriminación por cuestiones de orientación sexual, y es la primera norma española que dedica un capítulo entero a reconocer la situación especial y diversa de las personas con variaciones intersexuales o con diferencias del desarrollo sexual.
La ley crea el Espacio de la Memoria LGTBI, que albergará documentos relacionados con la represión que ha vivido este colectivo y recordará a las personas LGTBI que fueron perseguidas, torturadas y asesinadas; y el Consejo Valenciano LGTBI, un órgano consultivo que velará por el cumplimiento de esta norma.
Además, establece que los cuerpos policiales de los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán un grupo especializado en la prevención de delitos de odio, y en el ámbito sanitario garantizará el acceso de estas personas a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública en condiciones de igualdad.
La diputada socialista Rosa Mustafá ha asegurado que, aunque queda "mucho camino por recorrer", hoy es un "día grande" porque se aprueba una ley "ambiciosa" y que avanza en la igualdad "real y efectiva", con la que se evitará que "nadie más tenga que vivir dentro del armario o volver a entrar en él".
El portavoz de Compromís, Fran Ferri, quien ha colgado en su escaño la bandera arcoíris, ha reivindicado que esta es una ley hecha "con" el colectivo LGTBI, que todavía sufre agresiones, odio o sencillamente miedo, y ha destacado que cuando se expulsa la homofobia de las instituciones, entra la igualdad por la puerta.
La diputada de Podem Cristina Cabedo, quien llevaba una camiseta con la palabra inglesa "Proud" (orgullo), ha dicho que esta norma es "un paso firme y justo hacia un colectivo estigmatizado" y ha defendido que "ya toca salir y volar alto e inundarlo todo de plumas".
Desde el PP, su diputada Blanca Garrigues ha indicado que la postura de su grupo es una "abstención muy positiva", porque aunque no es la ley que habría hecho su partido, son más las cosas que les unen que las que les separan, y no se oponen a una norma que "debería unir a toda la sociedad y aunar todas las sensibilidades".
Emilio Argüeso, de Ciudadanos, ha mostrado el apoyo "alto y claro" de su grupo a la igualdad efectiva de las personas con independencia de su orientación sexual, a erradicar cualquier forma de discriminación y a una ley que habla de "dignidad, respeto y de apostar por la diversidad".