El PP pide ilegalizar organizaciones "comunistas y populistas" como requisito para condenar el franquismo
El Partido Popular mueve ficha en materia de memoria histórica. Formando una oposición central a la Ley de Memoria Histórica, PP (con mayoría absoluta) y Ciudadanos se han abstenido en la votación del pleno del Senado de este miércoles en la que se decidía condenar al franquismo. También lo han hecho UPN y Foro Asturias, sumando así un total de 136 abstenciones.
La moción impulsada por el PSOE para reformar la Ley de Memoria Histórica y facilitar la exhumación del dictador Francisco Franco ha sido aprobada por 97 votos a favor del grupo socialista, de Unidos Podemos y de los nacionalistas catalanes y vascos. No ha habido ningún voto en contra en el hemiciclo.
El partido liderado por Pablo Casado ha presentado una enmienda con la que condiciona su apoyo al proyecto. El texto registrado por el portavoz del PP en la Cámara Alta, Ignacio Cosidó, reduce a tres los cuatro puntos que había establecido el PSOE y, además, cambiando en buena parte el sentido del documento. En el primer punto, cambia un pequeño detalle: que el Senado "reafirma" la condena.
Es una referencia a la votación que se llevó a cabo en 2002, con José María Aznar al frente del Gobierno, y en la que se condenó por unanimidad el golpe de Estado franquista y se apuntaba al "reconocimiento moral" de aquellos que "padecieron la represión de la dictadura franquista".
En el siguiente apartado de la moción, se pide que se prohíba "cualquier fundación o asociación que exalte o glorifique el nazismo, fascismo", pero en este punto añaden también el "comunismo y todas aquellas ideologías populistas que fomenten el enfrentamiento entre ciudadanos".
Y, en el tercer y último punto, destacan algo que tampoco incluía la proposición: "Seguir protegiendo los valores fundamentales de nuestra democracia recogidos en nuestra Constitución española de 1978". Un texto en cuya redacción estuvo presente, precisamente, el Partido Comunista de España, legalizado un año antes tras décadas de persecución durante la dictadura. El jurista Jordi Solé Tura fue el representante del PCE en esta tarea, y es considerado uno de los padres de la Constitución.
Contactado por este diario, el senador popular Carlos Aragonés, encargado de defender la enmienda ante el Pleno, ha evitado especificar a qué se refiere el PP solicitando la condena de "ideologías populistas que fomenten el enfrentamiento entre ciudadanos", y cuál será el baremo para determinar cuándo deberá censurarse a las formaciones por incitar a la crispación.
Esta propuesta del PP se produce después del escándalo generado por el WhatsApp del portavoz en el Congreso, Ignacio Cosidó. En el mensaje que envió a sus senadores para vender las bondades del acuerdo sobre el CGPJ mencionaba que Manuel Marchena, la fallida propuesta de candidato a presidente del Poder Judicial, iba a controlar "desde detrás" la Sala Segunda del Supremo y la Sala del 61.
La Sala especial del artículo 61 de la LOPJ se ocupa de los incidentes de recusación de los presidentes de sala o de más de dos magistrados de una sala, así como de los procesos de ilegalidad y disolución de formaciones políticas, según la Ley de Partidos.
En cualquier caso, no es la primera vez que el PP de Pablo Casado sugiere la ilegalización de organizaciones políticas. A principios de octubre, el propio Casado pidió una modificación de esa Ley de Partidos "para que se pueda actuar ya contra aquellos partidos y organizaciones en Catalunya que están alentando la violencia e incitando a la confrontación civil".
En esas mismas declaraciones, realizadas durante un almuerzo organizado por ABC, el líder del PP destacó que "no es admisible (...) que haya partidos políticos como la CUP como ERC o como el PDeCat que no estén condenando estas agresiones intolerables", en referencia a los altercados vividos en distintas protestas del independentismo catalán.