El Gobierno desdeña la propuesta del PP para reformar el poder judicial
En la resaca de la ruptura del pacto entre PP y PSOE para renovar el poder judicial, el Gobierno se ha quedado solo defendiendo la validez del actual sistema de designación de la cúpula de los jueces por parte del Parlamento frente a la «elección corporativa» y desdeña de momento la propuesta de reforma del PP para volver al modelo anterior de la reforma de 1985. Los populares, tras el escándalo de la renuncia del juez Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo por las injerencias de los partidos, apuestan ahora por el sistema mixto a través del cual 12 de los 20 vocales son elegidos por las asociaciones de jueces. Pero el Ejecutivo socialista rechaza, a priori, la revisión del modelo, como exigen las asociaciones de jueces y también Ciudadanos.
En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha calificado de «burla» la enmienda registrada anoche por los de Pablo Casado en el Senado, donde se tramita la reforma urgente del Poder Judicial. En ese texto, presentado a toda prisa tras el estallido del pacto con el Gobierno, se recogen «anacronismos» de los años ochenta, como los hoy inexistentes «tribunales de distrito», lo que a juicio de la ministra muestra el «desprecio» del PP a la Justicia.
«Estamos en contra de la elección corporativa, creemos que debe ser la parlamentaria como la actual», ha asegurado Delgado siguiendo la postura oficial fijada ayer por el propio Pedro Sánchez en el Senado. La titular de Justicia ha explicado que el CGPJ decide sobre un «elenco» de temas amplios que van más allá de los estrictamente «corporativos judiciales», sino que «afectan a la sociedad», tales como la lucha contra la violencia de género, la necesidad de instaurar la igualdad y la paridad o la cooperación internacional en materia de lucha antiterrorista. Y por eso ha defendido la legitimidad del nombramiento de vocales desde el Parlamento.
Para el Gobierno, la rebelión de los jueces protagonizada por Marchena se explica solo por el «absolutamente vergonzoso juego y desprecio» del PP al estamento judicial. Delgado, que esta misma semana ha sufrido en sus carnes una huelga de jueces clamando por más recursos e independencia, ha asegurado que en la etapa anterior del Ejecutivo popular «se habían multiplicado las injerencias» y «prueba de ello», ha dicho, ha sido el «WhatsApp» del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, jactándose de que el pacto con el PSOE les permitiría «controlar desde atrás» órganos judiciales clave del Supremo.
Delgado asegura que su Departamento trabaja para garantizar la independencia de los jueces y la «transparencia» en la relación entre el poder ejecutivo y judicial. La exfiscal ha dibujado los excesos del poder político aunque achacables solo al PP y también a los independentistas catalanes, a lo que recrimina que pidan al Gobierno que «presione» para cambiar el curso del proceso a los líderes del 1-O.
«Se acabaron ya las llamadas para interesarse por casos concretos», ha afirmado. «Estamos convencidos de que situaciones como las provocadas por el indigno mensaje como el emitido por el portavoz del PP en el Senado no pueden repetirse. Aquí nadie en la trastienda debe controlar la independencia judicial. Es dejar a los profesionales a los pies de los caballos. Generar un manto de dudas sobre ellos. No lo puedo permitir como ministra de Justicia», ha enfatizado Delgado.
La ministra ha respondido así a una interpelación urgente del PDECat sobre la independencia del poder judicial. La diputada catalana Ciuró y Bultó ha respondido a Delgado que no puede echar todas las culpas al PP y desvincularse del «escándalo supino» de la renovación del CGPJ porque ella «ha estado al mando» de las negociaciones.
También ha atacado al juez Marchena por bajarse de un pacto conocido la semana pasada. El independentismo usa este episodio para recusar al magistrado en la causa contra los líderes separatistas del 1-O. «Hoy el Valle de los Caídos se encuentra en la cúpula judicial», ha denunciado la diputada del PDECat.