El verdadero 3% era el diez
Del 3% al 10%. «La Hermandad», que así se hacían llamar, era un grupo supuestamente delictivo, integrado por miembros de la Administración Autonómica catalana, ingenierías y empresarios, que habían formado una red con el fin de adjudicarse obras públicas con un importante sobrecoste, que terminaba en las arcas de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y sus fundaciones, según han informado a LA RAZÓN fuentes de la investigación
La Guardia Civil procedió ayer a la explotación de la «operación Colusorium», en la que han sido investigados, como pista principal, correos electrónicos de uno de los encausados. Fechados entre 2008 al 2011, de estos emails se dedujo que determinadas empresas privadas, en connivencia con el sector público de la Generalitat de Cataluña, se habrían beneficiado del reparto de diversas licitaciones.
A lo largo de la jornada, fueron registradas un total de ocho empresas y 13 despachos profesionales en Barcelona, Lérida, Vizcaya y Sevilla, todas ellas relacionadas con la supuesta comisión de una serie de delitos contra la Administración Pública. El número de personas investigadas es de 15.
El mecanismo que habían ideado los que estaban detrás de «La Hermandad» era sencillo y, hasta que la Guardia Civil, dentro de las investigaciones del sumario del 3%, dio con el citado correo, a nombre de una persona que no existía («Nuria Bofill») pudieron apropiarse de dinero público en una cantidad que los investigadores no han podido determinar todavía, pero «que es muy elevada».
De lo que se trataba, agregan las citadas fuentes, era de evitar que empresas, ajenas al grupo delictivo, que licitan las obras de la Generalitat, presentaran ofertas con «bajas temerarias» (al menos esa era la justificación aparente) para quedarse con los contratos. La realidad es que habían ideado un sistema para que dichas obras, con un sobrecoste de hasta un 10%, fueran adjudicadas a las industrias «hermanas» que estaban dispuestas a financiar al nacionalismo catalán.
Mediante un pacto, las empresas privadas que integraban «La Hermandad» acordaban la cuantía de las ofertas que deberían presentar para excluir a las empresas competidoras que eran ajenas al grupo. Del mismo modo, las pesquisas de los investigadores «han conseguido demostrar la participación de numerosas empresas públicas de la Generalitat en el entramado corrupto».
A este respecto, la Guardia Civil ha acreditado la «celebración de diversas citas entre los empresarios adjudicatarios y miembros del poder adjudicador».
Entre las actuaciones llevadas a cabo por la Benemérita, se ha procedido al requerimiento judicial de los 10 expedientes objeto de investigación, que obran en poder de la empresa pública Infraestructuras de Cataluña como órgano licitador y adjudicador de los mismos, para su posterior estudio y análisis. Asimismo, se ha entregado un mandamiento judicial, dirigido a la Autoridad Catalana de la Competencia, para que aporte cuantas actuaciones haya realizado en relación con el entramado de empresas que estarían involucradas en la adjudicación de determinados concursos.
Las fuentes consultadas subrayaron que para evitar que empresas ajenas al grupo hicieran una oferta demasiado baja, «La Hermandad» pactó normas a la hora de acudir a las licitaciones, que eran transmitidos a través de la cuenta de «Nuria Bofill». Primero fue de Hotmail y, después, de Gmail.
El objetivo de las normas estaba claro: que la Administración tuviera que pagar más por sus contratos al evitar la libre competencia. Con el fin de desacreditar a los que presentaban licitaciones a la baja, se argumentaba pura y simplemente que se trataban de ofertas temerarias y que, por lo tanto, las obras no se podrían llevar a cabo con esos presupuestos.