Bloqueada la limitación de asilo impuesta por Trump en la frontera con México
La decisión del juez se basa en que que la medida de Trump se extralimita de sus poderes ejecutivos e invade los del Congreso. «Sea cual sea la autoridad presidencial, no puede reescribir las leyes sobre inmigración para imponer una condición que el Congreso ha prohibido de forma expresa», justificó. Según Tigar, el presidente no puede cambiar por sí mismo la regulación del asilo, que está establecida en normas aprobadas por el Congreso y por leyes internacionales.
Aunque Trump firmó la orden dos días después de las elecciones legislativas del 6 de noviembre, durante la campaña electoral prometió acabar con el asilo. Fue una propuesta de alto contenido político, en una recta final de las elecciones en la que la inmigración dominó buena parte de su discurso. Las caravanas de centroamericanos en ruta hacia la frontera con EE.UU. le sirvieron para azuzar el mensaje del miedo al inmigrante entre sus bases. Como parte de la misma estrategia, decidió el envío de miles de soldados a la frontera, que fue interpretado por muchos como una maniobra electoralista. Esta semana, el portal «Politico» revelaba que parte del contingente empieza a volver a sus bases y que la mayoría habrá regresado a mediados de diciembre.
«Veto musulmán»
La Administración Trump peleará la decisión de Tigar en los tribunales, con el precedente de una gran victoria en otra batalla migratoria. «Como estableció el Tribunal Supremo este verano, el Congreso ha dado al presidente una amplia autoridad para limitar o incluso detener la entrada de inmigrantes al país», aseguró un comunicado conjunto de los departamentos de Justicia y de Seguridad Interior. Hacía referencia a la victoria de Trump en el llamado ‘veto musulmán’, la prohibición de entrada a EE.UU. de inmigrantes de un grupo de países de mayoría islámica. Los tribunales tumbaron varias versiones del veto, pero finalmente el Supremo le dio la razón.
La intención de Trump es contener con un sistema inmigratorio desbordado en la frontera Sur del país. Los inmigrantes cruzan la frontera, son detenidos por la Policía y piden asilo. Eso pone en marcha un proceso judicial inmigratorio que, ante la avalancha de casos -hace poco se llegó al millón de casos pendientes- y la incapacidad o la imposibilidad -por ser menores o familias- de tener a los inmigrantes detenidos, se les suelta. Según la versión de la Administración Trump, los inmigrantes aprovechan esa circunstancia para quedarse en el país de forma ilegal.
La decisión del juez respondía a una demanda interpuesta por la Unión Americanas de Libertades Civiles (ACLU, en sus siglas en inglés) y otras organizaciones de derechos civiles. Llega además en medio de la llegada de miles de personas a pasos fronterizos como el que separa a Tijuana y San Diego, el más transitado de país, donde se ha celebrado la decisión de Tigar como una victoria.
«Estamos muy contentos con la decisión del juez», dice Andrés, «es un rayo de esperanza». Andrés, de 24 años, es una de las miles de personas que forma parte de la primera caravana de centroamericanos -principalmente hondureños- que llevan casi una semana en Tijuana.
«Todavía no tengo claro qué voy a hacer, pero es probable que cruce la frontera con México y luego pida asilo», comenta el joven hondureño, quien asegura que huye de su país porque estaba siendo perseguido por las maras -pandilleros- por haber sido testigo de un asesinato. Al igual que Andrés, muchos miembros de la primera caravana de inmigrantes, unas 5.000 personas, ven la petición de asilo como la forma más factible para obtener la residencia en la primera potencia, especialmente las diferentes familias que viajan con sus hijos. De acuerdo con la ONG Save the Children, uno de cada cuatro miembro que componen el numeroso grupo son niños.
La caravana se encuentra partida en dos. Mientras que una parte lleva varios días en Tijuana, otros 3.000 salieron el martes desde Mexicali -a unas dos horas y media- para unirse con el resto del grupo. En Tijuana, sin embargo, los migrantes han sido recibidos con hostilidad por parte de cientos de vecinos, quienes consideran que su ciudad no está preparada para dar cobijo a tantas personas. Por ello, el alcalde ha solicitado al Gobierno mexicano una ayuda de 4,3 millones de euros y efectivos policiales con los que poder alimentar y dar hospedaje a los integrantes del grupo durante los siguientes tres meses.
Son cuatro las caravanas de centroamericanos que hay en México con el objetivo de llegar a Tijuana como paso previo a intentar entrar en Estados Unidos. Durante los últimos días, la policía fronteriza en EE.UU. ha colocado alambre de espino a lo largo del muro y reforzado la vigilancia para actuar rápidamente en caso de que los centroamericanos traten de entrar ilegalmente.