La renuncia de un hombre de Estado

La renuncia de Manuel Marchena a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo puede considerarse el desenlace crítico, pero justificado, de un proceso de renovación viciado por una evidente falta de respeto político al órgano de autogobierno de los jueces. El detonante de la renuncia de Marchena ha sido un inexplicable mensaje del portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, a su grupo parlamentario sobre las condiciones del pacto del PP con el Gobierno para la renovación de la cúpula del Poder Judicial. El texto del mensaje dibuja el CGPJ como un escenario de títeres, manejados por su futuro presidente. Un auténtico despropósito aprovechado por las defensas de los acusados en el juicio por el 1-O para pedir la recusación de Marchena, cuya imparcialidad está fuera de toda duda, precisamente tras su renuncia. Por todo esto, la reacción de Marchena ha sido un ejemplo de dignidad personal e institucional, congruente con las cualidades que de forma unánime se le reconocen al actual presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Marchena ha demostrado que decir «no» es la manera más eficaz de sobreponer los principios éticos a las prebendas del poder. Aunque resulte paradójico, con su renuncia Marchena ha confirmado que era la persona indicada para presidir el Poder Judicial.


Esta crisis institucional entre el Poder Judicial y la esfera política tiene que producir efectos inmediatos. Por supuesto, quienes la han propiciado deben asumir su responsabilidad política, lo que concierne también a la titular de Justicia, Dolores Delgado, cuya presencia al frente del Ministerio es injustificable una vez que la renovación del CGPJ no puede continuar. Delgado no puede ser de nuevo interlocutora para esta renovación. El proceso de perturbación en la elección del nuevo CGPJ empezó con la filtración interesada de la candidatura de Marchena, claro intento de amortizar su nombre por quienes, desde su sectarismo, sea en la carrera judicial o en la política, no soportaban la rectitud del presidente de la Sala Segunda. Antes de volver a hablar del CGPJ, esta crisis -desvelada, que no provocada, por la decisión de Marchena- debe apurarse hasta sus últimas consecuencias. Si es preciso, el actual CGPJ debe prorrogar su mandato, porque ahora no es oportuno un nuevo espectáculo de negociaciones a dos bandas, y a partir de ahora los poderes políticos deben decidir cómo tiene que ser su relación con el Poder Judicial en el futuro. El sistema actual quizá no dé más de sí, y tanto PSOE como PP deban afrontar su modificación como una reparación de sus errores pasados. Queda demostrado en la persona de Marchena que en la Justicia hay jueces con sentido de Estado y rectitud moral suficientes para asumir la presidencia del CGPJ. Basta con que los partidos lo permitan.