El cielo abierto

Lo que mal empieza, mal termina, y era lógico que acabase de la peor manera todo este oscuro manoseo político de la justicia. Dejando aparte la proverbial habilidad de la derecha para lesionarse a sí misma, el sainete del CGPJ ha desembocado en una secuela gravísima: la contaminación del tribunal encargado de juzgar la insurrección independentista. Ese es el efecto más pernicioso de un pacto negociado y resuelto entre las bambalinas de un bipartidismo en plena agonía, cuya incompetencia ha desembocado en una operación suicida, una maniobra chapucera, irresponsable y de una torpeza infinita. El desprestigio institucional resulta casi secundario al lado de la tóxica consecuencia de una pifia que en el momento más crítico coloca al Supremo en situación francamente comprometida y abre la vía para que cualquier defensor de los secesionistas catalanes pueda cuestionar su legitimidad jurídica. Porque el juicio más importante de la democracia desde el 23-F requiere de una delicadeza exquisita para evitar la sospecha, tan penalizada en Estrasburgo, de falta de garantías.


Ha sido tan desmañado, tan catastrófico el procedimiento que resulta difícil señalar un solo responsable del descalzaperros. Los dos partidos principales han tratado de engañarse mutuamente y lo que han logrado, sin querer o queriendo, ha sido sabotear a pachas el acuerdo. El nombre de Marchena fue filtrado por el Gobierno, con la evidente intención de abrasarlo, sin respeto a las formas ni a los tiempos. Y luego el PP, escocido por los reproches, ha intentado justificar el método con un descaro tan abrupto como necio. Todo habría podido quedar en el plano, ya de por sí obsceno, de los habituales tejemanejes propios de un degradado sistema de compadreo si no hubiese mediado el mensaje indiscreto que el portavoz del Senado -quien inexplicablemente sigue en su puesto- envió por Whatsapp a sus compañeros. Ahí estaba la clave, el inaceptable y jactancioso argumento de «controlar desde atrás» la Sala Penal del Supremo. Justo la que entiende de la revuelta separatista y de los aforamientos. Así, con un par y sacando pecho, para que todos los interesados en descafeinar el proceso -empezando por el propio Gabinete de Sánchez- viesen el cielo abierto. Un abogado que no aprovechase ese regalo sería sencillamente un inepto. Y un magistrado que no diese un paso atrás, como ha hecho Marchena, dejaría de ser un juez serio. El problema es que puede que ya no haya remedio, que no baste el autoapartamiento para desmontar la base de un recurso ante el Derecho europeo.


Ésta es la magnitud del disparate. La que, por incomprensible que se antoje, no parece haber previsto -¿o sí?- nadie. La que causa un destrozo incalculable al Estado menoscabando uno de sus poderes fundamentales. La que deja el crédito de la justicia española, que ya rodaba por los suelos, hecho un desastre.