Cacao judicial

En unos días festejaremos -o deberíamos, pues ha sido un éxito- los cuarenta años de la Constitución de 1978. Los siete padres constituyentes eran personas de mentes de quilates, con experiencia y elevada formación. No estábamos en estos días gaseosos de Errejones y Rufianes. Aquellos pensadores jurídicos se lo tomaron muy en serio. Estudiaron modelos, copiaron si procedía (mayormente de la Carta Magna alemana) y también acertaron a tener en cuenta nuestra tradición constitucional y nuestras peculiaridades idiosincrásicas. En el título VI se ocuparon de la Justicia y supieron entender lo evidente, que todos los poderes emanan del pueblo y que el Gobierno de los jueces no podía quedar ajeno a esa piedra angular de la democracia. Por eso establecieron que la elección del Consejo General del Poder judicial no debía hacerse a espaldas del Parlamento elegido por el pueblo.


Los padres constituyentes no incurrieron en ninguna excentricidad. En la mayoría de las grandes democracias occidentales, de Francia a Alemania, de Estados Unidos al Reino Unido, el presidente del Gobierno, el Ministerio de Justicia o las cámaras del Parlamento acaban decidiendo los puestos estelares de la judicatura, aunque a veces lo hagan sobre candidatos que proponen los jueces.


Pero si el marco general es razonable y similar a otros, ¿por qué nos encontramos aquí con un poder judicial sumido en un carajal y rodeado por un circo partidario? Pues no por el modelo, sino por cómo se lleva a la práctica. «Manca finezza», que rezongaría el zorruno Andreotti. O «fair play», que dirían en la secular democracia inglesa. Nuestros partidos se han ido volviendo cada vez más voraces, más cainitas y con menos altura de Estado. Conservadores y laboristas británicos suelen criticar la cobertura de la BBC. Pero por supuesto a nadie se le ocurriría dar un pucherazo partidario en el órgano de dirección de la cadena para someterla a sus siglas. No existe tal pudor en España, donde los partidos meten su cuchara sectaria en las cadenas públicas y hasta tomaron en su día las cajas de ahorro (con gran éxito: mandándolas a la ruina, el rescate y la disolución).


Si quieren empezar a cambiar las cosas, PP y PSOE podrían comenzar por darse un baño de ejemplaridad. El Partido Socialista relevando a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que ya estaba incapacitada para el cargo por lo que soltó en sus cuchipandas con Villarejo y que además ha empañado todavía más su figura con sus filtraciones contra Marchena (que no le agradaba por haber condenado en su día a Garzón, amigo íntimo de la ministra). En cuanto al PP, Casado debe relevar a Cosidó, y más toda vez que ya lo ha desautorizado. Una persona que en pleno siglo XXI envía un guasap a 148 senadores alardeando de cómo su partido va a mangonear a los jueces y cree que nadie va a darle al dedito y romper la confidencialidad demuestra dos cosas: una torpeza política inaudita y un desconocimiento absoluto de la condición humana y la tecnología actual. Por último, ayudaría a templar el panorama que algunos jueces -la mitad de ellos- no aventasen sus filias ideológicas en asociaciones profesionales que se han devenido en marcas blancas de PP o PSOE.