CGT exige dimisiones por el contrato con la empresa condenada por el Supremo
El conflicto entre el Gobierno autonómico y el sindicato CGT a cuenta de la contratación por parte de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S A (Sandetel) de la empresa Servinform ha escalado. Un «crescendo» que incluye peticiones de dimisión.
La organización sindical registró ayer por vía telemática un escrito dirigido a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio que capitanea Javier Carnero, «como Administración que ha adjudicado servicios» a la mencionada mercantil «por unas cuantías millonarias» y de un modo que «contraviene la legalidad vigente». En concreto CGT apunta al incumplimiento de «la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español» directivas del «Parlamento europeo y del Consejo». Recuerda el sindicato que, como informó este periódico, dicha norma prohíbe a las entidades públicas contratar a quien ha sido sancionado por vulnerar los derechos fundamentales de un sindicato, como el Tribunal Supremo (TS) determinó que había hecho la adjudicataria con CGT. Insiste además en que «no debería haber accedido» a una licitación de un ente de la Junta quien tampoco ha cumplido «el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, que «obliga a negociar un Plan de Igualdad». En ese sentido, desde la organización sindical insistieron en que Servinform carece de éste ya que «lo que había se anuló por una sentencia –de nuevo del Supremo– que obligaba a pactar otro a lo que se han negado» hasta el pasado martes, cuando horas después de que LA RAZÓN comenzara a indagar sobre este asunto, la sociedad remitió un documento a la sección sindical de CGT. En él se instaba a ésta a constituir «una comisión reducida» entre todos sus representantes para armar «un nuevo Plan de Igualdad», tras haber requerido CC OO el pasado mayo que se convocase una mesa con tal fin. CGT considera que no se puede renovar lo que no existía, por lo que ha urgido a Empleo a «poner en marcha urgentemente los mecanismos» necesarios encaminados al «restablecimiento de la legalidad» y a que «proceda al cese fulminante de los responsables en Sandetel». Y no se ha quedado ahí. Entiende que el propio consejero debe dimitir «como responsable final de los atropellos a la legalidad cometidos en su consejería». Fuentes de ésta, por su parte, han apuntado a este diario que «los licitadores están incursos en causa de prohibición de contratar cuando así se reconoce en la sentencia, lo que no sucede en este caso» y que esas «prohibiciones» fijadas en fallos judiciales se deben recoger «en el Registro de Licitadores» sin que ello se dé respecto a la empresa señalada. Añadieron, por último, que ésta «ha presentado una declaración responsable sobre este punto».