El futuro de una veintena de etarras, en manos de Estrasburgo
La excarcelación de diez etarras y las reducción de condenas de otros tantos está en manos del Tribunal de Estrasburgo, que este martes publica una sentencia que, aunque analizará sólo el caso de tres de ellos –los que han interpuesto una demanda conjunta contra España–, condicionará el horizonte penitenciario de todos los que se encuentran en la misma situación, como sucedió con la doctrina Parot.
En esta ocasión no es la acumulación de condenas lo que ha llevado a los terroristas al Tribunal de Derechos Humanos, sino que pretenden que los años que pasaron presos en cárceles extranjeras (fundamentalmente en Francia) se les descuente del tiempo que llevan recluidos en España, aunque se trate de condenas impuestas por motivos diferentes.
De los tres demandantes, el fallo de Estrasburgo tendrá consecuencias prácticas inmediatas sólo para el histórico Francisco Múgica Garmendia «Pakito», porque los dos ya están en la calle: Santiago Arrospide «Santi Potros» y Alberto Plazaola.
«Pakito» es el autor del atentado de Hipercor, en 1987, o el de la casa cuartel de Vic, en 1991. Quien también estuvo implicado en la matanza de Hipercor (21 muertos) –y en el atentado de la plaza de la República Dominicana en Madrid en 1986 (12)– es el codemandante «Santi Potros», en libertad desde el verano pasado.
A la demanda de los citados se suman otras que no ha analizado el tribunal relativas a 26 etarras, como Kepa Pikabea, quien se integró en ETA en 1980 y sólo en ese año participó en cinco atentados terroristas que se saldaron con la muerte de ocho guardias civiles y cinco policías nacionales. En los catorce años que duró su actividad sanguinaria dejó un extenso currículo criminal. Paradójicamente fue su recurso ante el Supremo, en el que pedía que se le descontaran los diez años cumplidos en Francia, el que posibilitó en 2015 el reingreso en prisión de etarras que estaban en la calle, entre ellos «Santi Potros», pues fue la primera vez que al Alto Tribunal aplicaba la trasposición de España que prohibía ese beneficio para condenas anteriores a agosto de 2010.
Las cifras de la AVT
Las cifras que maneja la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) son más elevadas: al margen de los que esperan la resolución de sus respectivos recursos, contabilizan en 60 el número de presos de ETA que podrían acceder a reducciones de pena y beneficios como el tercer grado y al menos nueve, incluidos varios históricos, los que saldrían en libertad.
Entre ellos figuran históricos de la banda, como Félix López de la Calle, «Mobutu», José María Arregui «Fitipaldi», «Josu de Mondragón» y el propio «Pakito». Se trata de etarras que cayeron en operaciones policiales que se llevaron a cabo en Francia a principios de los noventa, cuando la colaboración gala en la lucha antiterrorista empezó a suponer un duro varapalo para la banda. «Mobutu», «número dos» de la organización terrorista con Iñaki de Rentería al frente, fue el responsable del aparato militar de la banda: se encargaba de la logística de los comandos y también participaba en el adiestramiento en el manejo de armas y explosivos de los terroristas.
«Fiti», por su parte, fue condenado a más de 1.000 años de prisión por su participación en varios atentados, al igual que «Josu de Mondragón», quien cumple una condena de 115 años por su participación directa y también colaboración en diferentes ataques.
Reunión con Delgado
Preocupada por las consecuencias del fallo si es contrario a los intereses de España, la AVT ha enviado una carta a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para solicitar formalmente una entrevista para abordar este asunto y pedirle que, en caso de que eso ocurra, la Abogacía del Estado recurra a la Gran Sala y así hacer un último intento para que los etarras cumplan todas sus penas, tanto en España como en otros países.
En la asociación recuerdan lo traumático que resultó para las víctimas el goteo de imágenes de etarras saliendo de prisión cuando Estrasburgo tumbó la doctrina Parot y esta vez quieren anticiparse y prepararse para una situación que puede parecer similar.
La contundencia que ha mostrado Estrasburgo con demandas relativas al golpe de Estado en Cataluña choca con la escasa sensibilidad que ha manifestado en ocasiones anteriores con demandas de etarras. Además de admitir la de Inés del Río, que generó un efecto dominó, en febrero de este mismo año condenó a España a indemnizar con 30.000 y 20.000 euros a los etarras Igor Portu y Mattin Sarasola, autores del atentado de la T4, al considerar que debieron investigarse las torturas que ambos denunciaron.