La Corona, objetivo central del desafío al Estado cuando la Constitución cumple 40 años
En su origen, en el siglo XVII, el actual Palacio de la Zarzuela fue levantado como pabellón real de caza. Hoy está rodeado de un monte protegido en el que corretean corzos, gamos y hasta familias de jabalíes que cruzan despacio la calzada. Pero aunque la actividad cinegética está prohibida, en los últimos tiempos se ha puesto en marcha una cacería política cuya pieza a cobrar es la Corona de España. Coincidiendo con el cuadragésimo aniversario de la Constitución, cuya vigencia defendió Felipe VI el viernes en Oviedo como pilar de la arquitectura de la democracia, la extrema izquierda y los nacionalistas han comenzado una ofensiva de desgaste contra la institución monárquica. Se trata de una doble estrategia que por un lado reivindica la legitimidad republicana y por el otro apunta al Rey como diana prioritaria de una modificación refundacional de la Carta Magna.
El objetivo de fondo es lo que Podemos llama el régimen del 78, en el que la monarquía no solo desempeña –con poderes simbólicos– la jefatura del Estado sino que constituye la clave de bóveda del edificio democrático. Populistas y separatistas son conscientes de que si esa pieza cae, es la estructura constitucional entera la que se vendría abajo. El ariete del embate inmediato es el malestar del independentismo catalán con la intervención real en la insurrección de octubre pasado, aquel discurso contundente con que el monarca hizo frente en un momento dramático al vacío fáctico de poder que el referéndum ilegal de secesión había provocado. Los soberanistas no han perdonado al Rey su defensa cerrada de la unidad nacional y del orden jurídico sometido a asalto; incluso muchos catalanistas biempensantes se sorprendieron de que, en aquellas circunstancias de gravedad extrema, la alocución no contuviese ninguna clase de apelación al diálogo.
Más al fondo, el discurso populista intenta explotar las secuelas de la falta de ejemplaridad de la etapa final de reinado de Don Juan Carlos; unos episodios que agrandaron la evidente lejanía de las generaciones más jóvenes con un modelo hereditario que en la mentalidad posmoderna es relativamente fácil tildar, pese a su tradición histórica o precisa-mente por ella, de arcaico. La pinza argumental de ambos sectores –el extremismo radical y el secesionismo republicano– aprieta las sienes del actual soberano con una propaganda destinada a socavar su liderazgo, que aunque basado sólo en una suerte de auctoritas moral se ha convertido en la referencia más estable de los últimos años.
La acometida contra la Corona es cada vez más visible en la vida política. En la víspera de la fiesta del 12 de Octubre, el Parlamento catalán aprobó una iniciativa formal de reprobación del Rey con el voto de los Comunes y de todos los grupos independentistas, obligando al Gobierno –que había firmado con Podemos un pacto presupuestario y programático en la víspera—a recurrirla. El mismo Gabinete acordó con sus aliados parlamentarios una suavización del delito de injurias a la Corona, esta vez respaldada por el Partido Socialista. Algunos ayuntamientos catalanes han declarado a Felipe VI persona no grata, obligándole a entregar los premios de la Fundación Princesa de Gerona en una sede privada, y la Generalitat ha enfriado de forma visible el protocolo de atención al Rey en sus visitas, que autoridades autonómicas califican abiertamente de no bienvenidas. Las declaraciones hostiles de los dirigentes radicales se han incrementado de forma palmaria en los últimos días: «Hooligan con corona» lo llamó esta semana el president Torra desde Suiza. Incluso en el ámbito parlamentario se han producido varios intentos de forzar una investigación de las cintas que el ex comisario Villarejo grabó a la «princesa» Corinna, en las que la amiga de Juan Carlos I lo involucraba en presuntas actividades financieras comprometidas. A propósito de este asunto, la izquierda ha abierto otra ofensiva contra la inviolabilidad constitucional de la figura del Rey, tratando de limitarla o suprimirla.
Con las víctimas del terrorismo
Pero donde la animosidad antimonárquica ha quedado más de manifiesto ha sido en torno a la asistencia de Felipe VI a las manifestaciones barcelonesas de repulsa al terrorismo yihadista. El 26 de agosto de 2017, el monarca fue situado en el centro visual de una verdadera diana propagandística, rodeado de esteladas y pancartas de rechazo que ensombrecían o ninguneaban el homenaje a las víctimas. Esa planificada encerrona hizo entender a monarca el carácter rupturista del movimiento que iba a desencadenarse en los siguientes días, y probablemente incidió en la firmeza de su célebre discurso de manera decisiva. La escena se repitió este año, en la conmemoración de los atentados, de forma más contenida pero con patentes expresiones de antipatía toleradas, o más bien auspiciadas, por el Govern y por la propia Alcaldía. La presencia del jefe del Estado en Cataluña se ha convertido en materia conflictiva, pese a lo cual Zarzuela ha mantenido intacta su agenda de visitas para reforzar su compromiso frente al clima de desafío secesionista.
Porque en Palacio preocupa, y mucho, el problema: el Rey y su entorno tienen plena conciencia del cerco. Inquieta, en ese sentido, la influencia que pueda ejercer en el Gobierno el coqueteo con los nacionalistas y la alianza política con Podemos, dado que el Ejecutivo socialista es la principal barrera defensiva frente al creciente asedio. Los discursos públicos del Rey inciden con énfasis en la reivindicación de la unidad nacional y los valores constitucionales como marco de convivencia y acuerdo, y en privado el monarca admite su preocupación por un conflicto empantanado en el que no se vislumbra remedio. Sucede además que, llegado el caso, el monarca debería firmar un eventual indulto a los líderes del golpe separatista tras la previsible condena del Tribunal Supremo. Por otro lado, la batalla de desgaste contra la Corona puede tener reflejo en el debate sobre la reforma de la Constitución, que de producirse tendría que ser sometida a referéndum. Es lógico pensar que, sobre todo, en Cataluña, el malestar haría sentir su efecto en una consulta cuyos resultados podrían alejarse del imprescindible consenso.
Encuestas del CIS
En ese sentido, produce también inquietud la decisión del CIS de volver a incluir en sus sondeos preguntas sobre la monarquía. Pablo Iglesias no ha ocultado su intención de analizar los estudios de opinión pública como una especie de plebiscito demoscópico con el que acelerar su proyecto revisionista. La Corona no teme la valoración ciudadana sobre Felipe VI, que alcanza cotas de aceptación elevadas, pero recela de la posible instrumentalización de las encuestas como arma política. Y también del clima de exaltación republicana patente en las bases socialistas, más próximas a las posiciones de Podemos que al institucionalismo pragmático de sus jefes de filas. Existen también –aunque se trata de un tema tabú en Zarzuela–, un rechazo de cierta derecha legitimista que no contempla con buenos ojos el hieratismo de la Reina Letizia.
El cuestionamiento de la monarquía representa, en conjunto, una cuestión clave para el Estado. El Rey superó con creces los problemas de ejemplaridad que marcaron el declive de Don Juan Carlos, pero el conflicto secesionista y sus secuelas han devenido en la preocupación crucial del reinado. Ya no estamos ante un rebrote de la confrontación histórica entre monárquicos y republicanos, sino ante un desafío a la integridad de la nación simbolizada en el Trono como garantía de unidad a largo plazo. Cuando la Constitución está a punto de cumplir cuarenta años, es su exitoso sistema de estabilidad y convivencia lo que está siendo cuestionado.