Una nube de polvo se levanta cuando Rubén García da un portazo desde dentro de su ranchera, en otra calurosa mañana en El Paso, Texas. Con una mano en el volante, enseña un SMS que le acaba de mandar la Policía de Aduanas y Fronteras (ICE, en sus siglas en inglés), la «migra», como la conocen los hispanos. El mensaje informa de la puesta en libertad de más de 150 inmigrantes indocumentados, adultos y menores, pertenecientes a unas 75 familias, arrestados por la Patrulla de Fronteras tras cruzar el Río Grande y que han pasado varios días en centros de detención. «Díganos cómo proceder», cierra la misiva. «¿No es de locos?», suelta García. La «migra» le pregunta a él, el director de un centro de apoyo al inmigrante, Annunciation House, qué hacer con esas personas.
El mensaje es solo un ejemplo de la crisis migratoria en la frontera Sur de EE.UU., con una política agresiva contra los inmigrantes que las propias autoridades no pueden acometer, azuzada desde Washington, que deja un rastro de drama humano y que es imposible saber a quién beneficia. «Es una situación desbordada», dice, mientras ataca una bolsa de cacahuetes y teclea las instrucciones a la «migra»: veinte familias a esta parroquia, treinta familias a aquella residencia de ancianos, otros veinte a esa otra iglesia…
Después del escándalo de la aplicación de la política de «tolerancia cero» a familias de inmigrantes, ordenada por Donald Trump y que implicaba la separación entre adultos y menores, el presidente de EE.UU. tuvo que dar marcha atrás. Pero los arrestos en la frontera continúan y ahora los centros de detención de familias de El Paso están saturados y, de manera transitoria, se ven obligados a soltarlos mientras esperan su procesamiento por parte de un juzgado de inmigración.
Rubén García, en otro de los espacios del centro de apoyo al inmigrante, Annunciation House
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J.A.
«Nos los mandan a nosotros porque no tienen lugar. La «migra» no quiere soltar gente a la calle», explica García, que lleva dedicado a apoyar a inmigrantes en situación difícil desde 1978, pero nunca se había enfrentado a una crisis como la que se vive en los últimos cinco años y, sobre todo, la que se desató a comienzos de verano con la aplicación de la «tolerancia cero» de Trump.
En el caso de un adulto, puede estar detenido de forma indefinida hasta que le toque el turno de ver al juez de inmigración. Pero no es así para familias con menores, para los que la ley establece estándares más exigentes. «Hay gente incluso que pasa directamente andando el puente entre El Paso y Ciudad Juárez», dice en referencia la ciudad mexicana al otro lado del Río del Grande, mucho mayor que su hermana tejana y uno de los lugares más peligrosos del mundo, donde se mezclan narcos, traficantes de personas y vendedores de souvenirs. Los puentes entre ambas ciudades son el segundo paso fronterizo terrestre más transitado de EE.UU., después del que une a Tijuana y San Diego, en California. «Se entregan en el puente porque saben que la “migra” no tiene ahora dónde encerrarlos», explica, y pone la ranchera rumbo a una de las parroquias donde llegarán por la tarde los inmigrantes.
Centros abarrotados
El abarrotamiento de los centros para familias es solo un ejemplo de la crisis migratoria. A poco más de media hora de El Paso, las autoridades federales han levantado un centro de detención de menores con casi 4.000 camas. Conocido como Tornillo, por la localidad fronteriza en la que se encuentra, se ha convertido en un infame campo de concentración de niños, que en las últimas semanas han sido enviados hasta aquí de forma masiva, por la noche y en autobuses después de viajes de varios días desde todos los puntos de EE.UU.. «Anoche llegaron trescientos», cuenta García. Se supone que estos son centros transitorios, por los que pasan los menores hasta que encuentran un sponsor -un familiar o un amigo de la familia- que se haga cargo de ellos hasta que tengan su citación con el juez. Pero las autoridades ya reconocen que pasan detenidos de media casi dos meses y para muchos se puede alargar más.
Un reciente informe oficial, elaborado por el Inspector General del Departamento de Seguridad Interior, reconocía que la Administración Trump no estaba preparada para implementar la «tolerancia cero». El ansia por mostrar «mano dura» fue contraproducente: no paró la llegada de indocumentados, solo empeoró sus condiciones de detención y forzó a las autoridades a incumplir la normativa de detención de menores.
García insiste en que es imposible separar el clima político de EE.UU. de la situación que se vive hoy en la frontera. Trump ha azuzado el racismo latente en la sociedad estadounidense para auparse al poder, con el inmigrante no blanco como cabeza de turco. «Él no puede decir que no los quiere porque tienen la piel color café. Así que dice que son narcos, criminales o violadores».
Hoy, sin embargo, la preocupación de García no está en los problemas estructurales de la crisis migratoria: su objetivo inmediato es preparar alojamiento y víveres para dos o tres días para los inmigrantes soltados por el ICE mientras consiguen que un familiar o amigo les pague un billete de autobús para quedarse de forma transitoria con ellos.
Jueces muy duros
«Se busca que se marchen de El Paso con un familiar. Este no es un buen sitio para los procesos de inmigración», dice Brinkley Johnson, una voluntaria llegada desde California. «En El Paso los jueces son muy duros».
Lo confirma Linda Rivas, una abogada que da servicios legales a inmigrantes desde el centro Las Américas. «El porcentaje de personas que consigue el asilo en El Paso es muy bajo. Menos del 7% gana su caso aquí. Muchas veces no tienen la oportunidad de salir a otro sitio. En el último año, no han concedido ni una sola libertad provisional», explica.
«Es una farsa del debido procedimiento legal», dice un abogado criminalista de El Paso, que prefiere mantenerse en el anonimato, sobre el tratamiento judicial a los inmigrantes indocumentados ante las violaciones de los derechos de estas personas, a las que se somete a juicios rápidos, sin posibilidad de articular una defensa.
«Con la llegada del fiscal general Jeff Sessions, se está minando la independencia de los jueces en los casos migratorios», añade Rivas. «Se impone cuotas a los jueces, se les rebajan los tiempos procesales, se les quita potestad de cerrar casos».
Nadie tiene la solución de un problema complejo, que va más allá de las fronteras de EE.UU. y en el se mezclan la violencia, la desigualdad, el ansia de supervivencia, la xenofobia y los intereses políticos.
Pero García, mientras se afana por convencer a la dueña de un motel que aloje a treinta familias un par de noches, tiene claras tres cosas: cuando las autoridades eran más laxas, «los inmigrantes se iban al interior y ni nos enterábamos, se ponían a trabajar y se convertían en miembros productivos de la sociedad»; el inmigrante «no le quita trabajo a nadie», porque los estadounidenses no quieren partirse el espinazo recogiendo fresa en California; y si hay una víctima de todo esto son las personas que él trata de ayudar cada día, maltratadas por traficantes de personas antes de cruzar la frontera y por las autoridades después.
