El Gobierno fía al cambio de la ley la recuperación del Pazo de Meirás
«Abran una investigación sobre el patrimonio ilegal de la familia Franco, erradiquen privilegios y títulos y devuelvan el Pazo de Meirás al pueblo de Galicia», reclamó el diputado de En Marea, Antón Gómez Reino, en la Cámara tras detallar que «en democracia» se han «renovado y concedido títulos esperpénticos» y «recalificado» terrenos en «favor» de los herederos del dictador.
«En esa línea estamos, para la reforma de la Ley Memoria Histórica e incorporar medidas que nos permitan avanzar en la recuperación no solo material y de bienes sino de justicia y reparación de las víctimas», contestó la ministra, según informa Ep. Delgado incidió en que la Dirección General de Memoria Histórica creada en su departamento «está analizando todas las acciones que se pueden hacer y que tienen que contar con el apoyo legislativo» y precisó que es necesario «cambiar, derogar y avanzar en estas normas».
El pasado martes fracasaba también en el Parlamento gallego el intento de exigir al Gobierno de Pedro Sánchez una mayor implicación en el proceso de recuperación de la residencia veraniega de los Franco. Desde el día anterior los grupos trataban de acordar una declaración institucional al respecto, que no acabó de fructificar. PPdeG, En Marea y BNG culparon a los socialistas gallegos, a los que acusaron de estar más interesados en proteger al ejecutivo central que en recuperar el pazo para el patrimonio público. Los socialistas, a través de su portavoz, Xoaquín Fernández Leiceaga, acusaron a algunos grupos de «sumarse a la operación de desgaste contra el Gobierno de Pedro Sánchez».
Las posibilides jurídicas que contemplan los expertos
En los últimos meses dos informes, uno encargado por la Xunta y otro por la Diputación coruñesa —gobernada por el PSdeG y el BNG— han apuntado posibles caminos legales para que el Pazo de Meirás pase al patrimonio público. Según el primero, el hecho de que el dictador empleara el inmueble como residencia oficial durante su etapa como Jefe del Estado, valiéndose para ello de recursos públicos, lo convirtió de facto en un inmueble de la misma condición que el Palacio del Pardo. El informe insta al Estado a iniciar el procedimiento judicial en el orden civil contra los herederos para reclamar la propiedad. El informe de la Diputación pone el foco, sin embargo, en la operación ficticia de Francisco Franco para hacerse con el pazo. Sus autores consideran que se podría plantear una reclamación en los tribunales para demostrar que la compraventa del pazo nunca llegó a realizarse.