Las defensas de los policías de Sevilla acusados de amañar las oposiciones no consiguen suspender el juicio
Con esta sesión ha concluido la fase previa de la vista oral en la que los abogados de los funcionarios policiales han expuesto sus argumentos para conseguir paralizar la vista oral o en el mejor de los casos, para sus intereses, suspender el proceso. Algo que finalmente no han conseguido.
El juez, David Candilejo, ha anunciado que resolverá las cuestiones previas planteadas cuando redacte la sentencia y las individuales el próximo 2 de octubre, cuando se reanude la sesión con la declaración de los primeros seis acusados, empezando por el superintendente
Juan José García, para quien la Fiscalía pide 13 años de inhabilitación por los delitos de descubrimiento, revelación de secreto y prevaricación. En la práctica, esa condena supondría su expulsión definitiva del cuerpo.
Sobre las cuestiones esgrimidas por las defensas en las que solicitaban la nulidad del proceso, el juez ha indicado que para ser estimadas «tienen que ser de una claridad meridiana y yo a día de hoy no tengo nada claro»; por lo que considera que debe celebrar el juicio. En varias ocasiones durante esta primera fase de la vista oral, la fiscal del caso, Ana Linares, que ha destacado por sus sonadas y vehementes intervenciones, ha criticado que las defensas esgriman «una y otra vez» argumentos que ya ha resuelto la Audiencia Provincial como la supuesta incompetencia del juzgado de lo Penal para juzgar los delitos en curso.
Pruebas caligráficas y otras pruebas
Entre las nuevas pruebas que piden las defensas que se tengan en cuenta en el procedimiento están la realización de pruebas caligráficas y comparativas de los exámenes de opositores que aprobaron y no; o la certificación de la cadena de custodia de los test donde se detectó que varios agentes habían tenido conocimiento previo del contenido de los exámenes.
También varios letrados han solicitado que testifique el director de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Isidoro Beneroso, y el jefe de formación de la misma; o el jefe de recursos humanos del Ayuntamiento, Luis Val.
Sobre esas peticiones, la fiscal cuestiona que prácticamente «se solicita una nueva instrucción», se pregunta por qué no se solicitaron esas pruebas durante la investigación judicial y en todo caso las califica de «impertinentes e inútiles».
Siguiendo con la misma estrategia de torpedear el desarrollo del procedimiento, las defensas han pedido la impugnación de muchas de las pruebas presentadas por la acusación, como las transcripciones de conversaciones de whatsapp y correos electrónicos o los informes periciales del grupo que realizó la investigación, el Gepol, desmantelado por el actual Gobierno local.