El fiscal se opone «de momento» a que se investigue al vicepresidente de la Generalitat por el 1-O
La Fiscalía Superior de Cataluña se opone «al menos por el momento» a que se investigue al ahora vicepresiente de la Generalitat, Pere Aragonès, por un delito de desobediencia por su papel en los preparativos del referéndum independentista del 1 de octubre.
Así lo considera el teniente fiscal de Cataluña, Pedro Ariche, en un escrito enviado al Tribunal Superior de Cataluña, que le había solicitado que se posicionase sobre si debía imputar o no Aragonès.
El fiscal considera que de la investigación de la que se encargó el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona «no se desprenden indicios bastantes que permitan, al menos por el momento, atribuir» al ahora vicepresidente un delito de desobediencia por su papel en el referéndum cuando era secretario de Economía de la Generalitat.
El representante del ministerio público sí que cree que debe imputarse al ahora diputado y entonces secretario general de Economía, Josep Maria Jové. Concretamente, a este le atribuye los delitos de malversación, descubrimiento y revelación de secretos y desobediencia.
El TSJC había pedido a la Fiscalía que se pronunciase sobre si debía imputar a estos dos cargos independentistas, después de que el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona le enviase una exposición razonada en la que consideraba que debía abrírseles una investigación, y que el TSJC sería el tribunal competente por su condición de aforados como diputados del Parlamento catalán.
Sobre Aragonès, el juez de instrucción argumentaba que, pese a que se le había notificado que el Tribunal Constitucional había suspendido el referéndum de independencia, el republicano no había hecho nada para impedirlo.
Pero el fiscal echa por tierra estos argumentos. Razona que, en el caso de un delito desobediencia, no es lo mismo quien desde una relevante posición en la Administración despliega toda su influencia para celebrar un acto prohibido que el que «se limita a no impedir la actuación de otros departamentos sobre los que, al menos formalmente, no tiene capacidad alguna de influencia».
La «pasividad» de Aragonès
En el caso de Aragonès, el juez, según le reprocha ahora el fiscal, utiliza unos argumentos parcos «más allá de sus supuesta pasividad».
Respecto a Josep Maria Jové, las cosas cambian. Este era superior de Aragonès en aquellos momentos y, en su caso, hay «indicios bastantes» para imputarle. No acató la suspensión del TC y «se concertó con otras autoridades y funcionarios públicos para llevar a cabo el referéndum suspendido».
Por ejemplo, envió cargas a los alcaldes catalanes para preguntarle por los locales disponibles en sus municipios para la consulta ilegal. Además, en su despacho y domicilio particular los investigadores hallaron multitud de documentos sobre la puesta en marcha del proyecto independentista.