La factura anual del «donut» del Campus de la Justicia: 200.000 euros
El inmueble que luce su oronda figura sobre el terreno que iba a ser Campus de la Justicia fue diseñado por el arquitecto Alejandro Zaera. Es el único que se puso en pie de los aproximadamente 14 que se proyectaban al inicio del proyecto, en 2004.
Obligación de conservar
Tiene 13.500 metros cuadrados en 8 plantas. Pero jamás ha tenido uso, y según algunos expertos, pierde valor cada año. Genera además unos gastos de mantenimiento que rondan los 200.000 euros anuales en seguridad, limpieza, suministro de agua y mantenimiento, según el Gobierno regional. El Ejecutivo está obligado a conservar las instalaciones en buen estado y evitar su deterioro hasta que no se resuelva el proceso judicial en marcha sobre el proyecto.
A petición del PSOE, se incluyó una partida de 20.000 euros en los presupuestos de 2018 para elaborar un estudio sobre la viabilidad del edificio. Su conclusión es que poner en funcionamiento el «donut» supondría un gasto de 4,86 millones de euros. Esto incluiría también la delimitación y urbanización de la parcela en que se encuentra, para poner allí un aparcamiento en superficie y las entradas y salidas de los usuarios del Instituto de Medicina Legal.
Aislado
La consejería de Justicia, que dirige Yolanda Ibarrola, no tiene intención de poner en marcha el edificio, dado el alto coste que supondría y además, afirman, sería «ineficiente para la Administración» y para los profesionales y ciudadanos tampoco sería útil «dado su aislamiento respecto al resto de instalaciones judiciales de la región y la falta de infraestructuras y servicios a su alrededor».
Sobre el futuro de este edificio, todo dependerá de lo que diga el Tribunal Supremo en relación con el recurso de casación que presentaron las empresas que concurrieron a la licitación de la Ciudad de la Justicia (OHL y Acciona) cuando el Gobierno regional decidió desistir de este proyecto.
Esta misma semana se ha sabido que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción sobre posibles irregularidades del proyecto del Campus de la Justicia. Se basa en un demoledor informe de la Cámara de Cuentas en el que, además de denunciar las dificultades que han tenido para acceder a la documentación sobre el proyecto, se recogen varias de las anomalías registradas.
Entre ellas, que hubiera dos proyectos de edificios, los que iban a ser sedes del Tribunal Superior y de la Audiencia Provincial, que «sin tener una sola piedra colocada, generaron unos costes de casi 19 millones de euros».
O que faltaran certificaciones de obra por un importe de 19,1 millones de euros; o que no se localizan los justificantes de 2,5 millones de euros de una muestra recogida sobre el capítulo de «otros gastos de explotación»; o que no hubiera datos referidos a una tarjeta Visa Platino donde hay más de 15.000 euros de gastos sin justificar...
El informe denuncia el desequilibrio en la plantilla entre directivos -siete- y administrativos -tres, y también en las subidas salariales, que en el caso de los jefes llegaron de ser incrementos «del 30 al 80 por ciento». La escasez de personal de administración obligó además a contratar «a empresas externas» para «el desarrollo de la contabilidad o la elaboración de las nóminas».
Sin controles internos
La Cámara de Cuentas señala que Campus de la Justicia «no estableció un sistema de control interno sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables» a las contrataciones. Y constata que hay licitaciones en las que aunque se produjo alguna «apariencia de concurrencia» por presentarse tres ofertas diferentes pero «las proposiciones pertenecen a empresas vinculadas entre sí». En otras «se produjo un trato de ventaja hacia uno de los empresarios concurrentes». Hay, añaden a todo esto, «múltiples gastos en publicidad» que «no están soportados por el correspondiente contrato».
Entre sus recriminaciones, el informe indica que «la contabilidad de Campus no se llevó en varios de los ejercicios de conformidad con los principios generales establecidos», y que «la mercantil pública Campus de la Justicia S. A. no sigue ningún criterio de racionalidad económico-organizativa».