Dudas en el PSdeG ante un posible desplante de Caballero al Parlamento
De entrada, fuentes socialistas consultadas por ABC barajan la posibilidad de «no participar» en el desarrollo normal de los trabajos. «Si vamos, pediremos la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo, pero como no la van a querer...», se excusan. En ese caso, no existirían ni aportaciones del partido a la lista de comparecientes, ni una implicación activa en el funcionamiento del órgano, que temen que acabe convertido en un «paripé» al servicio de los ataques del PP contra el ejecutivo de Caballero
Sin embargo, los diputados del PSdeG ya se predisponen para una batalla que se desbocó el pasado lunes, cuando el gobierno de Vigo amenazó con indagar en los vínculos entre Feijóo y Marcial Dorado, y el PP optó por responder facilitando la apertura del foro sobre el Marisquiño. Si ese tira y afloja se prolonga, las mismas fuentes no tienen dudas de la actitud que adoptará el alcalde olívico:«Va a sacar a pasear el tema de Marcial Dorado hasta las municipales», advierten. Pero no se muestran igual de seguros sobre la presencia de Caballero en el Pazo de O Hórreo;una sede que, según una fuente, le trae el recuerdo aciago de su época como diputado a finales de los noventa.
Aún así, lo que Caballero tiene muy difícil de esquivar es la ley. Como publicó este diario el pasado miércoles, el artículo 502 del Código Penal castiga con un delito de desobediencia a quienes «habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento», se ausentan de una comisión de investigación convocada por las Cortes Generales o por un Parlamento autonómico.
Ése es el principal motivo que lleva al PP a creer que el alcalde acabará rindiendo cuentas. Fuentes del grupo popular recalcan que la comisión de investigación es un órgano de alto rango que cuenta con mayores garantías respecto a otros instrumentos, como la comisión de estudio invocada, por ejemplo, para la reforma de la política forestal. Cualquier negativa del alcalde, advierten, podría acabar por involucrarlo en un «problema legal».
En su caso, también apuntan que no podría ampararse en las explicaciones ofrecidas en el pasado por el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cuando en un principio se negó a comparecer en la investigación sobre la fusión de las cajas de ahorro. Su argumento entonces fue que la Cámara autonómica no tenía competencias para fiscalizar a un miembro de la administración general, como ratifican algunos informes del Consejo de Estado. No obstante, «a un alcalde que es parte de la administración local se le puede citar», zanjan en el PP. Cuestión distinta es que llegado el momento de la comparecencia opte por el silencio para no entorpecer la investigación judicial en marcha.
El detonante
Los populares evitan señalar los desafíos de Caballero como el detonante que les llevó a la abstención, y en consecuencia, a posibilitar la apertura de la investigación. Más bien fue «cómo despachó» el accidente en el ámbito municipal, estirando los plazos para entregar la documentación solicitada por la oposición, o negándose a que el Ayuntamiento formalizara su propia comisión para investigar el desplome.
Mientras, En Marea y el BNG —promotores de la comisión— observan desde la barrera el intercambio de golpes entre PP y PSOE, no sin cierto temor a que el órgano se convierta en un «pimpampum» de cara a ganar terreno en las elecciones municipales. Los rupturistas, por lo pronto, ya advierten que pedirán un puesto de visibilidad en la Mesa. De los tres, los populares cederán uno«a la oposición»: ni en esta ni en otras ocasiones, matizan, están dispuestos a perder la capacidad de «convocatoria» ni de «fijar el orden del día». El Bloque, por su parte, buscará un pacto con En Marea para reclamar «cuanto antes» la constitución de la comisión.
El debate tendrá que esperar hasta la próxima junta de portavoces. A partir de entonces, los grupos tendrán entre tres y cuatro semanas por delante para fijar la fecha de la sesión constitituva. Elegidos los miembros de la comisión, llegará el turno de la elaboración del plan trabajo y la aprobación de la lista de comparecientes.
Reproches sobre la legalidad de la «comisión Dorado»
Tras la pelea política por la comisión parlamentaria sobre el accidente del Marisquiño, el nuevo frente es la que el Concello de Vigo amenaza con abrir para indagar en las supuestas relaciones de Feijóo con el narco Marcial Dorado. Ayer, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mostró sus «dudas» sobre la legalidad del órgano que pretende constituir el consistorio olívico, una muestra de la «desesperación e incongruencia» que preside esa corporación, a su juicio. La respuesta viguesa llegó por la tarde: «La que propone el Ayuntamiento es tan legal como la que ampara el PP», afirmó el portavoz vigués Carlos López Font, que tachó a Rueda de «prepotente que desprecia a todos los vigueses» y de «manipulador».