La salud de los niños frente a la libertad religiosa
La libertad religiosa que nuestra Constitución reconoce es un derecho fundamental que permite a las personas, en forma individual o colectiva, practicar libremente su religión, sin ser discriminadas en razón de ella, lo que comprende la libertad para creer, dejar de creer o no creer en una determinada religión, reconociendo a cada persona su derecho a mantener la integridad de sus creencias, de alterar sus convicciones religiosas o de asumir posturas ateas o agnósticas y, en este sentido, constituye uno de los pilares fundamentales de la sociedad democrática, pues descansa en la idea básica del pluralismo.
Este derecho conlleva, para quienes son padres, la libertad de educar a sus hijos en la fe que profesen y la de tomar decisiones sobre los asuntos que les conciernan con base en sus creencias. Así, los padres tienen el derecho de organizar la vida familiar de conformidad con sus convicciones, instruir a los hijos en materia religiosa, llevarlos a practicar un culto público o celebrar determinadas festividades, lo cual pueden hacer libres de injerencias externas, pero siempre en un ambiente de libertad y tolerancia religiosa.
¿Pero qué sucede cuando una religión prohíbe la utilización de un tratamiento médico en casos en los que lo que está en juego es la vida de una niña o niño? Esta fue la problemática a la que se enfrentó recientemente la Suprema Corte al conocer del caso de una niña de 6 años con leucemia que ingresó a un hospital en estado de urgencia, cuyos padres rechazaron el tratamiento indicado por los médicos consistente en transfusiones sanguíneas, debido a sus creencias religiosas, lo que dio lugar a que las autoridades de protección a la infancia asumieran la tutela de la niña para autorizar el tratamiento prescrito.
Al analizar si con ello se violó el derecho de los padres a decidir sobre la salud de su hija conforme a sus convicciones, la Corte determinó que el derecho de los padres a tomar decisiones en relación con sus hijos y a transmitirles sus creencias tiene como límite el interés superior del menor, el cual se erige como un deber de privilegiar los derechos de niñas y niños por encima de cualquier otra consideración, y es desde esa perspectiva que deben ejercerse los poderes y responsabilidades de los padres.
Así, se resolvió que aunque las decisiones médicas de los padres sobre sus hijos están protegidas por un campo de autonomía y por la libertad religiosa, no pueden ser sostenidas si colocan en grave riesgo la salud o la vida de sus hijos y que esta puesta en riesgo se actualiza cuando los padres, privilegiando sus creencias religiosas, deciden no seguir el tratamiento médico idóneo para salvar la vida de su hijo menor de edad, entendiendo por ello el tratamiento acreditado por la comunidad médica como el procedimiento más efectivo para tratar una condición letal, respecto del cual no exista disputa científica sustancial sobre su eficacia y confiabilidad.
El asunto se decidió, por tanto, indicando que la voluntad de los padres de la menor debe ser sustituida, pues el tratamiento señalado por la ciencia médica consiste en la realización de quimioterapias acompañadas de transfusiones sanguíneas, por lo que éstas deben autorizarse si su organismo así lo requiere según la experiencia médica, sin que ello implique que deba recibir transfusiones de manera innecesaria, caprichosa o superflua.
De igual manera, la Corte reconoció la situación de vulnerabilidad en la que pueden encontrarse las minorías religiosas que se oponen a estos tratamientos, lo que hace necesario velar por que no sean estigmatizados como malos padres o relegados a tomar un papel secundario en la recuperación de sus hijos, sino que debe otorgárseles un trato digno, incluyente y respetuoso.
Lo cierto es que el derecho a la vida de los hijos no es disponible para los padres y que, en tal sentido, los derechos de los padres no pueden invocarse para negar a un niño la oportunidad de continuar con su vida. En casos como este, la máxima prioridad es el bienestar de las niñas y los niños, su posibilidad de vivir y de desplegar sus potencialidades al máximo, como nuestra Constitución se los garantiza.