Sánchez se autorrectifica y no acoge al «Aquarius»
Poco más de dos meses median entre la decisión del Gobierno de acoger el «Aquarius» y su rectificación y rechazo a hacerlo de nuevo ahora. La determinación de recibir en junio en el puerto de Valencia a los 629 migrantes que iban a bordo del buque fue la primera medida que tomó Pedro Sánchez al llegar a La Moncloa. Un «verdadero aldabonazo para que Europa tome cartas en el asunto» y una medida por «respeto a la dignidad de las personas», pero también orientada a marcar perfil a nivel internacional. Una forma de demostrar que existía una política migratoria alternativa a la de Mariano Rajoy, no en vano, a la acogida del «Aquarius» le siguieron otras iniciativas como recuperar la tarjeta sanitaria para los «sin papeles» o la decisión expresada por el Ministerio del Interior de retirar las concertinas y sustituirlas por medidas disuasorias menos dañinas. Pero pronto esta primera declaración de intenciones se topó con la realidad. A los migrantes del barco se les aplicó el mismo tratamiento que si hubieran llegado en pateras y la presión migratoria en la frontera sur obligó al Gobierno a poner en marcha un «plan de emergencia» para afrontar la «especial situación que se está viviendo en las últimas semanas y con la previsión de que se mantenga a lo largo del año».
A las críticas de los partidos de la oposición, que acusaron a Sánchez de promover el «efecto llamada», se sumaron también la de los propios socialistas que –desde la Junta de Andalucía– denunciaron la situación de colapso que vive Algeciras (Cádiz) ante la llegada masiva de inmigrantes. El número dos de Susana Díaz exigió por carta a la vicepresidenta Carmen Calvo un mayor compromiso del Estado y del resto de las autonomías para hacer frente al goteo continuo que registra la comunidad andaluza desde hace meses. Aunque no habrá más financiación hasta 2019, el Gobierno parece ahora más permeable a las demandas de contener el flujo migratorio.
Esta vez, la nueva llamada de socorro del «Aquarius», sin rumbo en aguas del Mediterráneo y con 141 inmigrantes a bordo que rescató frente a las costas de Libia el pasado viernes, no ha sido respondida con la misma celeridad por el Ejecutivo. De hecho, ha existido un estruendoso silencio que obligó ayer a fuentes de Moncloa a resolver si se volverá a salir en auxilio del buque comandado por la ONG SOS Mediterranée y Médicos sin Fronteras. Estas fuentes rechazaron la acogida del barco «porque España no es el puerto más seguro ni el puerto más cercano según lo establecido en el derecho internacional». La decisión iría también en la línea de la exigencia de los socios comunitarios, tras la visita de Merkel, de evitar «acciones unilaterales» como la que supuso la decisión de Sánchez de proponer Valencia en junio.
Barcelona se ofrece
Si la decisión ya es en sí misma controvertida por la contradicción en el discurso que entraña para el Gobierno –a pesar de que la situación del «Aquarius» es «peor» que cuando se autorizó su atraque en Valencia, según Médicos Sin Fronteras– el cambio de criterio del Ejecutivo se vio enfatizado por que al mismo tiempo que Moncloa rechazaba dar acogida al buque, la ciudad de Barcelona se ofrecía como puerto seguro. La teniente de alcalde de Derechos Sociales de Barcelona y alcaldesa en sustitución de Ada Colau, Laia Ortiz, señaló que «una vez más nos ofreceremos a acoger», reseñando que la ciudad siempre está comprometida con la vida, y acoger es hablar de defender el derecho a la vida, según sus propias palabras.
Ante esta situación, la Comisión Europea (CE) reconoció ayer estar en contacto con varios Estados miembros de la Unión Europea (UE) y ofreció su «total apoyo diplomático» para resolver la situación. «La Comisión está actualmente en contacto con un número de Estados miembros que se han acercado a nosotros a propósito de este incidente. Y como hemos hecho en numerosos casos previos, estamos preparados para aportar nuestro total apoyo diplomático (...) para resolver la situación», declaró la portavoz de la CE Tove Ernst. El Ejecutivo comunitario, no obstante, no ha ofrecido detalles sobre los países con los que la CE ha tratado ni sobre el desarrollo de esas conversaciones.
El buque de rescate, que navega al este de Malta, no ha obtenido hasta ahora respuesta por parte de ningún Gobierno europeo para poder desembarcar. «Salvini (el ministro del Interior de Italia) ha sido claro y diáfano, Malta no ha dicho nada y no ha habido ningún otro gobierno que haya dado respuesta», aseguró el presidente de Médicos Sin Fronteras, David Noguera en una entrevista en Onda Cero. Esta es la primera acción que realiza el «Aquarius» tras el rescate de 629 inmigrantes que efectuó en junio, cuando ya recibió el rechazo de Italia y Malta para poder atracar, lo que motivó que España le ofreciera hacerlo en el puerto de Valencia. En esta ocasión, los 141 inmigrantes que viajan a bordo, de los que la mitad son menores, 67 de ellos no acompañados, proceden de países como Bangladesh, Camerún, Ghana, Costa de Marfil, Nigeria, Senegal, Eritrea, Somalia, Marruecos y Egipto.
El cambio de criterio del Gobierno no pasó inadvertido para los partidos de la oposición, más concretamente para el PP, que sacó pecho por que sean finalmente sus tesis las que se impongan, señalando que Sánchez «solo acierta» cuando hace caso a los populares. El portavoz del Partido Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, animó al presidente a interrumpir sus vacaciones para visitar Algeciras (Cádiz), donde a su juicio podrá conocer la verdadera dimensión del problema, y para acudir a la Cámara Alta, donde el PP ha pedido su comparecencia. Además de la de Sánchez, los populares también han solicitado la comparecencia de la ministra de Trabajo y Migraciones, Magdalena Valerio, para tratar el tema de los menores no acompañados y promoverá una moción para dar apoyo a los ayuntamientos que gestionan la acogida de los inmigrantes.