Villarejo, que seguirá en prisión, facturó más de 5,5 millones a través de sociedades instrumentales
El ex comisario José Villarejo y su «hombre de confianza», Rafael Redondo, habrían facturado más de 5,5 millones de euros a través de sociedades instrumentales «que no producían valor real añadido alguno y cuya única utilización habría sido canalizar capitales de presunto origen criminal para realizar inversiones y gasto en España y fuera de España». Esa facturación, supuestamente, se debería a «tareas de asesoramiento, consultoría e intermediación a un conjunto de empresas
que tendríán como denominador común que en su mayor parte la cifra de negocios principal provenía de la realización de informes de carácter personal que se interesaban por parte de otras personas».
Así, lo sostiene el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea en el auto por el que acuerda la libertad bajo fianza de un millón de euros de Redondo, mientras que, por el contrario, confirma la prisión provisiona de Villarejo. En relación con ello, el magistrado señala que el ex comisario fue quien creó un entramado societario que tenía su sede en Madrid y que tenía la «específica finalidad» de «blanquear capitales fuera de España y repatriarlos, así como la utilización de distintos testaferros o fiduciarios que le habrían permitido disponer de cuentas corrientes» de Uruguay y Panamá. De esta forma, sitúa a Villarejo al frente de una «organización» que captaba los fondos de clientes para los que realizaba «informes de consultoría, de inteligencia, de vigilancia». El dinero percibido por esos inormes, añade el juez, «se ha de presupone» que terminaría su «recorrido ilícito» en España, después de la realización de varias operaciones bancarias a través de distitnos países, como los citados Uruguay y Panamá.
De Egea cree que Villarejo tuvo una "intervención medular" en los hechos que se investigan y por ello considera que la medida de prisión sigue siendo "absolutamente proporcionada a la gravedad de los delitos presuntamente cometidos", que van desde pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo hasta descubrimiento y revelación de secretos y extorsión. En concreto, entiende el juez que hay indicios de que ha podido incurrir, presuntamente, en los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, y blanqueo de capitales.