Prevaricación, ese delito
Abundan más que nunca las medias verdades en la política española desde el pasado 1 de junio. Y una media verdad suele acabar siendo una mentira doble. El presidente del Gobierno anunció esta semana que va a hacer una ley prohibiendo nuevas amnistías fiscales. Perfecta estupidez, porque en ningún caso puede haber otra amnistía si no hay una ley específica que la ponga en marcha. Y ninguna ley puede impedir que se haga otra ley que la derogue. Pero Sánchez intentaba encubrir así su mentira cuando anunció que publicaría la lista de los amnistiados. Algo que él siempre supo que no podía hacer porque eso se llama prevaricar. Y la prevaricación es un delito y, como tal, está penado.
Igual que prevaricar hubiera sido también sacar de su tumba los restos mortales del general Franco el pasado miércoles 18 de julio. Algo que el Gobierno había manifestado su intención de hacer. Y así, mientras hablamos de ello no hablamos de otras cosas. Casi todo lo que se ha filtrado desde el Gobierno a este respecto ha sido pura y simple mentira. Se ha dicho que se está al habla con la familia, incluso que la familia había mostrado su disposición a aceptar la salida de los restos del general. Falso. La familia ha dejado bien claro que no lo va a permitir y cuando se ha intentado desde el Gobierno que mantengan una reunión con la vicepresidenta del Gobierno, los Martínez-Bordiú Franco se han negado porque parece absurdo verse para decir en privado lo mismo que han dicho públicamente a quien quiera escucharles. Y se ha dicho reiteradamente que el cardenal Osoro está dispuesto a aceptar esa salida de los restos. Lo que es una media verdad. Es decir: una mentira. Don Carlos Osoro me ha dicho en términos inequívocos que él no va a permitir que se saquen los restos del general Franco del Valle de los Caídos si no es con el consentimiento de la familia. Y, si la familia quisiera hacerlo, ¿cómo iba él a oponerse? Los restos mortales de cualquiera son propiedad de su familia según la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo y esos descendientes son los que tienen que disponer qué se hace con ellos.
España firmó en 1979 un convenio con la Santa Sede –que es un Estado soberano– que recoge la inviolabilidad de los lugares sagrados. Y a nadie puede sorprender que la familia se niegue a aceptar que el Gobierno pueda hacer un uso político del cadáver. Sostienen algunos que dado que fue la autoridad legítima del Estado la que hizo entrega a la comunidad benedictina de los restos de Franco, también la actual autoridad legítima del Estado puede retirarlos de allí. Pero hay un matiz diferencial fundamental: el Estado hizo esa entrega a la comunidad monástica en noviembre de 1975 con el consentimiento de la familia. Y el Estado no tiene ahora esa autorización.
Así que si quiere cumplir su promesa política y no quiere prevaricar, quizá Sánchez tenga que romper relaciones con la Santa Sede. O negociar un nuevo convenio, lo que es posible que no le dé tiempo a concluir ni aunque agote los dos años de legislatura que quedan. Porque la única alternativa que tiene Sánchez a día de hoy es violar la ley, incumplir el convenio y entrar en la Basílica Pontificia de la Santa Cruz a la fuerza. Y aunque no he sido franquista nunca y procedo de familia opositora a Franco por lealtad al Rey del exilio, confieso que nada me parecería más divertido que ver a la familia Franco derrotando al Gobierno Sánchez en los tribunales. Cosas veredes, amigo Sancho...