El Gobierno tendrá difícil la mayoría en el Congreso para cambiar la concertada
El Gobierno de Pedro Sánchez no podrá realizar los cambios anunciados en la Lomce contra la educación concertada, sin contar con la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Un apoyo que, a día de hoy, está en el aire, ya que el PNV y el Pdecat son fundamentales para que la reforma del artículo 109 de la Lomce, que hace referencia a la «demanda social» y tiene carácter orgánico, salga adelante. El respaldo del PSOE, Podemos, ERC, Bildu y otras minorías podría estar garantizado. Como también está clara la oposición del PP y Ciudadanos, si la modificación se presenta en los términos anunciados por la ministra de Educación. Pero los nacionalistas vascos, que se muestran reacios a desvelar su posición, y catalanes son la clave para este polémico cambio en el sistema educativo.
Isabel Celaá tendrá que tener mano izquierda para limar las posiciones de las formaciones políticas que se han opuesto a sus propuestas. Y todo ello sin contar con la movilización de parte del sector educativo, que ha amenazado con salir a la calle si el Ministerio de Educación ataca a la concertada.
Será un Proyecto de Ley
El Gobierno ya tiene claro que impulsará la reforma a través de un Proyecto de Ley, según confirmaron a ABC fuentes del Ministerio de Educación. Será una iniciativa única, a través de la cual se llevará a a cabo una nueva redacción de la ley educativa. La propuesta tiene que ser aprobada por el Consejo Escolar, el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros. Posteriormente, se remitirá al Congreso de los Diputados para su debate y negociación de las fuerzas políticas.
Los cambios anunciados por la ministra son tres. El más polémico es el artículo 109 de la Lomce. Celaá afirmó en su comparecencia ante la Comisión de Educación que lo cambiarán: «Me propongo modificar el artículo 109.2 de la Lomce, por el cual la programación de la oferta de plazas escolares se establecía por la llamada “demanda social”, un eufemismo que ha servido para propiciar, en algunos casos, que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la escuela concertada». Actualmente, a medida que había más demanda de plazas para la concertada, se abrían nuevas líneas.
El Partido Popular se «opondrá frontalmente» a la modificación del acceso a la educación concertada, en el caso de que se elimine el requisito «demanda social». La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular, Sandra Moneo, advirtió a ABC de que, si «el PSOE quiere realizar de forma unilateral esta reforma, sin consenso, será un mal principio». Los populares esperarán a conocer las propuestas de los socialistas, pero quieren que «se respete la libertad de las familias a elegir la educación de sus hijos».
Ciudadanos tampoco respaldará la reforma de la concertada, como se ha planteado. La portavoz de Educación en el Congreso, Marta Martín, afirma que, «tal y como han planteado los cambios en la concertada, y sin abrir debate, Ciudadanos no lo apoyará».
Martín apuesta por una asignatura de historia de las religiones, «no catequítica. Hay que respetar las sentencias del Tribunal Constitucional, que se oferte y que sea evaluable». En este sentido, señala que, si quieren cambiar la asignatura de religión, «el foro para discutirlo es la Comisión de Relaciones Internacionales y que el Gobierno de Pedro Sánchez cambie los acuerdos con la Santa Sede».
Tanto los populares como la formación de Albert Rivera recuerdan que el artículo 109 de la Lomce tiene carácter orgánico, por lo que para modificarlo se requiere la mayoría absoluta del Congreso.
Uno de los apoyos vitales para el PSOE es el PdeCat. El portavoz de Educación, el diputado Sergi Miquel, aseguró a ABC que «nuestro camino no es aniquilar la concertada» y lanzó una amenaza: «La concertada no se puede tocar en los términos en los que lo hizo la ministra». Si así se hiciera, Miquel subrayó que «se pone en riesgo el modelo de la concertada y ahí no nos van a encontrar».
Los nacionalistas catalanes apuestan por un modelo en el que que convivan la pública, la privada y la concertada y prefieren ser prudentes hasta conocer la propuesta escrita de reforma de la Lomce.