El Gobierno socialista retrasa en al menos un año la entrada de las cuentas públicas en superávit
La relajación de los objetivos de déficit público pactada por el Gobierno socialista con la Comisión Europea conlleva retrasar en al menos un año el saneamiento total de las cuentas públicas. La nueva senda de consolidación fiscal prevé que en 2021 España acumule todavía un déficit del 0,4% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al superávit del 0,1% que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se había comprometido a alcanzar en ese ejercicio.
Las nuevas metas fiscales, aprobadas este viernes en Consejo de Ministros, contemplan que el país cierre este año con un déficit del 2,7% del PIB en lugar del 2,2% que había fijado el Gobierno del PP, lo que supone un desvío de 6.000 millones de euros. Pero además, el tope para 2019 se eleva del 1,3% al 1,8%, para 2020 del 0,al 1,1% y en 2021 de un superávit del 0,1% a un déficit del 0,4%, lo que supone renunciar a alcanzar el equilibrio presupuestario ese año.
«Es una magnífica noticia que va a permitir a España conjugar la estabilidad presupuestaria con el crecimiento sostenible y el impulso a la agenda social. Los márgenes de actuación son estrechos así que lo inteligente es acompasar la reducción del déficit con el impulso presupuestario. El crecimiento y el empleo no se tienen que ahogar por compromisos imposible de cumplir», ha dicho en rueda de prensa la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al justificar la nueva senda de consolidación fiscal pactada por la ministra de Economía, Nadia Calviño, con las autoridades europeas.
El Gobierno de Pedro Sánchez, que ya ha anunciado numerosas medidas que suponen un incremento del gasto público, excusa su decisión de revisar los objetivos presupuestarios en que las metas que había establecido el Ejecutivo popular era «imposibles» de cumplir ya que obligaban a «un ajuste de 11.000 millones de euros», además de que limitaría el margen de acción del Gobierno y «lastraría el crecimiento un 0,5%» con el consecuente impacto en la creación de empleo. «Esa senda no era realista y la Comisión Europea y el Banco de España y alertaron de que se incumpliría y se situaría entorno al 2,6 o 2,7, que si no se aceptaba obligaba», ha justificado Montero.
Subidas de impuestos
Hacienda apunta que con esta nueva senda negociada con Bruselas dispondrá de un «mayor margen fiscal para apuntalar el crecimiento para mejorar las políticas sociales». Montero ya anticipa que los Presupuestos Generales para 2019 serán «sociales y redistributivos». Es decir, unos presupuestos expansivos. Porque además de la nueva senda se pretende contar con nuevos ingresos, derivados de nuevos tributos a las compañías tecnológicas, a la banca y la revisión del impuesto de Sociedades. Todos estos nuevos tributos se irán «desarrollando a lo largo de las próximas semanas» pero tendrán vigencia a partir de 2019, ya que es necesario aprobar cada uno por proyecto de ley.
Montero ha avanzado que el primero que podría aprobarse es un gravamen a las empresas tecnológicas, que según los planes del Ejecutivo es llevarlo al Consejo de Ministros en los próximos días. Hacienda detalla que lo que se gravará será la parte publicitaria de estas grandes compañías digitales y las plataforma que interconectan usuarios. Más tiempo podría llevar la aprobación del impuesto a la banca, que Montero ha señalado que su diseño será a lo largo de este año, y solo ha especificado que el impuesto recaerá sobre las transacciones del sector. En cuanto a la modificación del impuesto de Sociedades, los socialistas quieren tocar el tipo mínimo para las grandes empresas y simplificar las deducciones que se aplican a día de hoy. «No se van a subir impuestos ni a los ciudadanos ni a pymes y autónomos, sino a grandes sociedades que de forma comparativa pueden aportar más», ha recalcado la ministra.
Autorización a las autonomías para endeudarse
El Consejo de Ministros también ha dado luz verde este viernes a nuevas autorizaciones de financiación a varias comunidades autónomas. En concreto, el Gobierno ha autorizado a la Generalitat de Cataluña a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 4.013 millones de euros. Esto servirá para que el Gobierno catalán refinancie vencimientos de líneas de crédito a corto plazo que se van a producir en los meses de julio y agosto. También se ha autorizado a Baleares a formalizar préstamos a largo plazo por un importe máximo de 150 millones y a Aragón, avales por un importe máximo de 225.000 euros.