La Diputación de Valencia tendrá en menos de 20 días un nuevo presidente -el candidato propuesto por los socialistas es el vicepresidente primero Toni Gaspar- que deberá decidir cuál será el futuro de Divalterra
tras verse sumergida en un nuevo caso de supuesta corrupción que se investiga por la justicia. La detención del anterior responsable, Jorge Rodríguez -junto a otras cinco personas-, en la Operación Alquería por siete nombramientos con contratos de personal de alta dirección en los que se habría colocado a personas afines al PSPV y a Compromís (y que supondría los delitos de prevaricación y malversación en su vertiente de administración desleal) ha puesto en entredicho de nuevo el funcionamiento de la empresa pública.
Dos formaciones fueron las que claramente se posicionaron a favor de su disolución desde el primer día: Podemos y Esquerra Unida. La postura de los primeros va acompañada de críticas hacia la actitud especialmente de Compromís por no haber apartado a la cogerente Agus Brines, también arrestada la pasada semana, la cual anunció su marcha temporal para preparar su defensa. «Ha habido una rebaja en la contundencia a la hora de tomar responsabilidades políticas», ha señalado este miércoles su líder, Antonio Estañ, mientras la coalición pedía esperar a que se levante el secreto de sumario para justificar que no haya asumido ninguna medida real al respecto.
«Las líneas rojas fijadas en el pacto de gobierno del Botánico son las que reclamaba una sociedad harta de la corrupción y del estigma que suponía para la Comunidad Valenciana. Estas situaciones dan muy mala imagen de la institución y del compromiso de los partidos», ha señalado Estañ.
Compromís no se ha posicionado públicamente por el momento de forma totalmente clara sobre la liquidación de Divalterra, aunque algunos dirigentes abogan por que así sea en privado pese a que al inicio de la legislatura su visión era la contraria. Mónica Oltra ha afirmado que hay que hablar de esta empresa «sin apriorismos ni dogmas previos» porque «hay que tener en cuenta que ahí hay 700 personas trabajando» y «no se puede actuar con prisas ni con frivolidad». «Es una organización compleja y hay que tranquilizar a la gente que trabaja en ella», ha añadido.
Mucho más contundente han sido los socialistas sobre el cierre. «Desde luego, con la historia que tiene esa empresa, sus antecedentes y demás, yo estaría contentísimo si se liquidara», ha apuntado el portavoz en las Cortes, Manolo Mata, admitiendo que se trata de una actuación compleja. «Ahí hay mucha gente aún que estuvo ayudando al 'yonqui del dinero' a hacer cosas y además en cargos directivos, a lo mejor tienen un coste los despidos... pero es una empresa que por su tradición y actualidad merecería no existir», ha concluido.
En cuanto a las medidas de Compromís, ha preferido no entrar: «Bastantes líos tengo yo con los míos para meterme con los demás. El PSPV ha actuado de manera dolorosa y con mucha contundencia».
