El Supremo fija en 27 años la condena a los grapos que custodiaron a Publio Cordón
La Sala de lo Penal ha condenado a los miembros del GRAPO José Antonio Ramón Teijelo y Victoria Gómez Méndez, que custodiaron en una vivienda de Lyon (Francia) al empresario Publio Cordón durante su secuestro en 1995, a 27 años y seis meses de prisión cada uno por un delito de detención ilegal, sin dar razón del paradero de la víctima, cometido dentro de la actividad de una organización terrorista.
El tribunal estima de forma parcial los recursos de casación interpuestos por el fiscal y la acusación particular, que representa a la viuda y a las hijas del empresario aragonés, contra la sentencia de la Audiencia Nacional que fijó una pena de 30 años de reclusión mayor, pero la sustituyó por otra de 20 años de prisión para cada uno de ellos. Por otra parte, rechaza los recursos de casación de los dos condenados.
La Sala considera que no es correcto sustituir la pena de 30 años de reclusión mayor por la de 20 años de prisión, como hizo la sentencia recurrida, ya que aquello suponía aplicar al mismo tiempo el Código Penal de 1973, como más beneficioso, y el de 1995, en su Disposición Transitoria Undécima, para sustituir la pena.
El tribunal establece que en este caso debe aplicarse en su integridad, al ser más beneficioso para los acusados, el Código Penal de 1973, sin la sustitución de pena prevista por el de 1995. Así, debido a la gravedad y naturaleza de los hechos, la mayor antijuricidad de la acción, (ya que tratándose de un secuestro de carácter terrorista se llegó a cobrar rescate), y sin que los acusados hayan dado cuenta del paradero de la víctima, impone la pena de 27 años y 6 meses de reclusión mayor al no concurrir ninguna agravante.
Los magistrados comparten las conclusiones alcanzadas por la Audiencia Nacional que se basó en la declaración como testigo de Fernando Silva Sande, ya condenado por estos hechos en otro juicio, que ratificó sus declaraciones anteriores en las que reconoció no solo su participación en los hechos, sino la de los dos recurrentes -custodiando al secuestrado en Lyon (Francia). Para la Sala, esa declaración inculpatoria del testigo Silva Sande ha sido corroborada por otros indicios como son los informes periciales del Departamento de Grafística de la Guardia Civil.
En el caso de Victoria Gómez, la Sala indica, además, que la acusada no ha dado una explicación razonable sobre el hallazgo de su ADN en uno de los dos sobres en el que se enviaron cartas de Publio Cordón a su familia durante el secuestro, como prueba de que estaba vivo, “por lo que estamos ante un indicio de singular potencia acreditativa que corrobora la declaración incriminatoria realizada por Silva Sande” de esta acusada.