El juez rechaza juzgar por separado a Rato por las comisiones irregulares y por fraude y blanqueo
Condenado a cuatro años y medio de cárcel por las tarjetas «black» y camino del banquillo de los acusados por la salida a Bolsa de Bankia, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que investiga a Rodrigo Rato por el manejo de su patrimonio personal que concluya la instrucción sobre el cobro presuntamente irregular de comisiones vinculadas a contratos de publicidad de Bankia cuando era presidente de la entidad y abra juicio contra él, otras 15 personas y dos empresas por el delito de corrupción en los negocios. El magistrado ha contestado a la fiscal que la instrucción de esa pieza ya se encuentra cerrada, pero no abrirá un juicio separado de la otra pieza en la que se le investiga por delitos contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales, al considerar que están estrechamente vinculados con ese de corrupción.
El Ministerio público considera en su escrito al juez Antonio Serrano-Arnal que el exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) percibió más de 835.000 euros en «comisiones carentes de justificación» a través de una de sus sociedades pantalla, Kradonara, por los contratos de publicidad que Bankia adjudicó en 2010 y 2011, bajo el mandato de Rato, a las empresas Zenith y Publicis, que se adjudicaron esos trabajos.
Segú la denuncia inicial de Anticorrupción, Zenith y Publicis, agencias de publicidad pertenecientes al mismo grupo, se hicieron con los contratos de publicidad del banco de cara a la difusión de la marca Bankia y su salida a Bolsa. Ambas firmas abonaron dos millones de euros a la sociedad Albisa, propiedad de testaferro de Rato, Alberto Portuondo, a cambio de que les favoreciera en su adjudicación. De esos dos millones, Rato habría cobrado 835.000 euros a través de su sociedad Kradonara 2001.
La Fiscalía considera que a fin de lograr el cobro de esas comisiones, que fueron percibidad por Kradonara en 2011 y 2012, Rato se sirvió de íntimos colaboradores, entre ellos su socio Miguel Ángel Montoro, a quien introdujo a su llegada a Caja Madrid-Bankia como asesor externo de la entidad; su secretaria personal, Teresa Arellano; y su amigo y hombre de confianza y exvicepresidente y exconsejero de Bankia, José Manuel Fernández Norniella. Junto a estos estos tres, Portuondo y el abogado Domingo Plazas, el Ministero público señala también a los responsables de comunicación y publicidad de la entidad en aquella época, Miguel Robledo y Beatriz Colomor.
«Todos ellos constituyeron un auténtico grupo de presión dentro de la entidad financiera actuando como núcleo duro a las órdenes y en beneficio último de Rodrigo Rato», concluye la fiscal en su escrito, en el que pide juzgar a todos ellos así como a Zenith y Publicis como entidades jurídicas y a varios de sus directivos: Miguel Ángel Furones, Fransico Xavier Olazábal, Sagrario Búa, Frabrizio Bini, Sergio Lorca, Fernando Rodríguez Varona, María Cándida Rodríguez Melcon y Santiago Álvarez del Manzano.