Nicaragua da un paso a favor del diálogo, pero la violencia no cesa
Nicaragua dio este miércoles un paso a favor del diálogo nacional después de que el Gobierno de Daniel Ortega invitara a la CIDH, a la ONU y a la Unión Europea (UE) a investigar las cerca de 200 muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales, cuya violencia, sin embargo, no cesa.
El Gobierno envió la invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la UE a visitar el país, como fue acordado en la mesa del diálogo el viernes pasado.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, informó a través de Twitter de que un equipo técnico del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) llegará a Managua el próximo martes.
Explicó que la tarea de ese equipo será acompañar a la Comisión de Verificación y Ciudadanía conformada en la mesa del diálogo y apoyar a la sociedad civil.
Asimismo, dijo que un grupo internacional de investigaciones para Nicaragua, que deberá trabajar 'in loco' para coadyuvar en la investigación de todas las muertes y actos de violencia y la identificación de responsables desde el pasado 18 de abril, se instalará en la primera semana de julio próximo.
El Gobierno también accedió al ingreso de representantes del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, y de una delegación de la UE, como parte de los requisitos para destrabar el diálogo nacional.
"Informamos que nuestra oficina ha recibido la carta del Gobierno otorgándonos acceso al país. Nuestro equipo está coordinando la logística para dicha visita y prontamente informaremos los detalles", indicó la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en América Central en una nota de prensa.
El lunes pasado, la Conferencia Episcopal, mediadora y testigo del diálogo, suspendió las tres mesas de trabajo creadas para superar la crisis debido a que el Gobierno no presentó copias de las cartas de invitación a esos organismos internacionales a visitar el país.
Esas mesas tendrán que discutir la hoja de ruta planteada por los obispos para solucionar la crisis, que incluye la celebración de elecciones el 31 de marzo de 2019, la renuncia de los miembros del Poder Electoral y una nueva ley de partidos políticos, entre otras medidas.
Las partes también conformaron la denominada Comisión de Seguridad y Verificación, integrada por 12 miembros y que se encargará de trazar un plan para levantar las barricadas que mantienen los manifestantes en distintos puntos del país.
El Ejecutivo aseguró que asistirá a la mesa de diálogo, cuando sea nuevamente convocada, y reiteró su propuesta de que sean creadas "comisiones locales de paz" para "frenar la ola terrorista" en Nicaragua.
La vicepresidenta Rosario Murillo dijo que el diálogo, la seguridad y la paz son las prioridades de las familias nicaragüenses.
En tanto, el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), que dirige el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), el oficialista Gustavo Porras, aprobó una resolución en la que ordenan la movilización urgente de sus miembros en defensa del Gobierno.
"Nos movilizaremos en defensa del Gobierno revolucionario y en apoyo al comandante Daniel Ortega, por la defensa de nuestras conquistas y la revolución", según la resolución, aprobada por ese sindicato en un congreso extraordinario.
Mientras, la denominada Coordinación Universitaria por la Democracia y la Justicia instó al sector privado a decretar un paro nacional por 48 horas, como una medida de protesta a fin de detener la violencia estatal.
Durante este miércoles se dieron brotes de violencia en las ciudades de Masaya, Estelí y Diriamba, que dejaron al menos seis heridos.
Además, este miércoles el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, concluyó una visita de dos días en Managua, donde abordó la situación de Nicaragua antes de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que este viernes abordará el conflicto en este país.
En esa sesión extraordinaria, la CIDH presentará un informe sobre su visita en mayo a Nicaragua y los hallazgos y recomendaciones acerca de la crisis actual.
Nicaragua cumplió 64 días desde que se inició la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente, y que ha acabado con la vida de al menos 200 personas.
Las protestas contra Ortega y su esposa, Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
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