El posible castigo a la juez Alaya por decir que la justicia está politizada
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una diligencia informativa (paso previo a la apertura, en su caso, de un expediente disciplinario) a la juez Mercedes Alaya para investigar si la duda que sembró sobre la imparcialidad de la Fiscalía y sobre la politización del Poder Judicial puede ser objeto de alguna sanción.
Aunque la incoación de esta diligencia se realiza a instancias del Ministerio Público por unas declaraciones concretas de Alaya sobre este órgano (opinó que dejar la instrucción de las causas de corrupción en manos del Ministerio Público suponía «meter al lobo en el gallinero»), el promotor de la acción disciplinaria, cargo de la confianza del presidente, Carlos Lesmes, hará extensiva la alusión al Ministerio Público a otras declaraciones que la instructora de los ERE y hoy magistrada de la Audiencia de Sevilla ha proferido en las últimas semanas. Entre ellas, las relativas a su visión del Consejo del Poder Judicial, que la juez considera un «miniparlamento» sujeto al reparto de cuotas de los partidos, como demuestra la elección de los vocales.
Lo cierto es que aunque la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe dirigir censuras a autoridades o funcionarios invocando la condición de juez o sirviéndose de esta condición, en la práctica el CGPJ no suele plantearse sanciones disciplinarias de este tipo al considerar que se trata de reflexiones personales que se producen en el marco de la libertad de expresión, informan fuentes del propio Consejo. Así al menos lo consideró cuando en 2016 archivó las diligencias informativas abiertas contra el juez José Ricardo de Prada por decir que en España se torturaba.
En su entrevista a ABC, el pasado mayo, la primera que concedía tras su paso por el juzgado de los ERE, Alaya sostuvo que el sistema judicial español «en teoría puede darle veinte mil vueltas al que tienen el resto de países europeos, pero en la práctica el principio de oportunidad se pretende introducir a través del Consejo General del Poder Judicial, que está absolutamente politizado, y a través del Ministerio Fiscal, que depende directamente del Gobierno porque éste nombra al Fiscal General del Estado».
En otro momento de la entrevista Alaya confesó que cuando concurrió a la plaza de magistrada en la Audiencia de Sevilla, recabó el «compromiso expreso de todos los órganos jurisdiccionales superiores, sobre todo del Consejo General del Poder Judicial y de la Presidencia de la Audiencia Provincial», de que se iba a mantener la comisión de servicio en el juzgado de los ERE para terminar las macrocausas aunque su incorporación a esa plaza se produjera con posterioridad. «Fue una autorización verbal porque hasta que yo no pidiera la plaza esa comisión de servicios no se podía producir».
«Situaciones de conflicto»
Lo cierto es que el 15 de octubre de 2015, y pese a ese compromiso verbal, la Comisión Permanente del CGPJ aprobaba por unanimidad la propuesta del TSJ de Andalucía de dejar a Alaya fuera de las macrocausas para evitar «un escenario en eel que surjan situaciones de conflictos». El TSJA se aferraba a que la propia Alaya había «exteriorizado tanto su discrepancia con los términos de la comisión de servicio como su falta de voluntad de colaboración y entendimiento con la actual titular (María Núñez Bolaños) cuestionando su idoneidad e independencia».