Podemos marca con la dimisión de Màxim Huerta la frontera de su relación con el Gobierno de Pedro Sánchez
Dos decisiones adoptadas en las últimas 48 horas por el Gobierno de Pedro Sánchez han servido a Podemos para marcar la frontera de su apoyo al nuevo Ejecutivo socialista. El pasado 11 de junio, España anunciaba que acogería el barco Aquarius, con 629 refugiados a bordo, después de los ofrecimientos de las ciudades de Barcelona y Valencia. Este miércoles, día 13, Sánchez ha visto como dimitía su ministro de Cultura, Màxim Huerta, seis días después de nombrarlo y acorralado por un fraude fiscal de cerca de 220.000 euros.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, pedía a primera hora del miércoles la dimisión de Huerta, después de que El Confidencial desvelara dos sentencias que no solo confirmaban que el periodista y escritor había defraudado a Hacienda, sino que ese era su ánimo "no pudiéndose apreciar buena fe en su actuación en orden al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, sino que, por el contrario, debe concluirse que su conducta ha ido encaminada a eludir su carga tributaria".
Iglesias quiso medir sus palabras en sus primeras declaraciones a los medios sobre un caso que amenazaba ya desde primera hora con desatar la crisis de Gobierno que finalmente se produjo. "En esto quiero ser muy claro. Apoyamos con entusiasmo al Gobierno cuando tomó la decisión de ofrecer el puerto de Valencia a los refugiados del Aquarius", decía primero. Y continuaba: "Pero no vamos a alentar comportamientos que recuerden a los del PP. Si Huerta intentó defraudar tiene que dimitir inmediatamente. Y, sino, Sánchez le tiene que destituir".
El líder de Unidos Podemos dejaba caer que apoyarían una posible reprobación en el Congreso, aunque fuentes de su grupo explicaban que en ningún caso su intención era presentarla ellos mismos. "En este momento estamos en la dimisión", señalaban.
El grupo confederal no se movió de esta posición durante todo el día. En las distintas apariciones de sus dirigentes en medios, siempre la misma tesis.
Tras la dimisión de Huerta las precauciones cayeron y los portavoces de Podemos se alegraron de que su presión hubiera surtido efecto y haya servido para marcar la línea de la regeneración que no se debe, en su opinión, rebasar.
"La dimisión tenía que ocurrir. Nos alegra que la presión de todo el día lo haya confirmado al final de la tarde. Ha sido lo que tenía que ser", apuntaba la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, minutos después del cese de Huerta. Una idea, la de la presión, que ha repetido varias veces en su corta comparecencia
????España ya no es lo que era y no tolera ciertas cosas. Por ello celebramos la decisión tomada en lo que respecta a #MaximHuerta. pic.twitter.com/4MCQRxiOEw
— PODEMOS (@ahorapodemos) 13 de junio de 2018
Iglesias daba su reacción en Twitter: "España ya no es lo que era. Como hemos dicho esta mañana, la ciudadanía ya no tolera estas cosas. Felicito al Gobierno por saber escuchar y rectificar, pero sobre todo, felicidades a la gente".
El Gobierno y el Presidente defendían esta mañana la continuidad de M. Huerta, pero España ya no es lo que era. Como hemos dicho esta mañana, la ciudadanía ya no tolera estas cosas. Felicito al Gobierno por saber escuchar y rectificar, pero sobre todo, felicidades a la gente
— Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 13 de junio de 2018
Calibrar cuál ha sido la influencia de la "presión" de Podemos en la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez es complicado. La unanimidad de los medios de comunicación, la constatación de que el PSOE ha accedido al Ejecutivo sin apoyos pactados en el Congreso y la viralización de un vídeo del presidente en 2015 criticando una situación muy similar hicieron inviable la continuidad de Huerta.
Sánchez, que cuenta solo con 84 diputados en el Congreso, contará con el apoyo de los 67 de Unidos Podemos en aquellas cuestiones que entronquen con su programa. Pero incluso así, no siempre será suficiente. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, reconocía en plena tormenta Huerta que no puede derogar la reforma laboral del PP de 2012 porque no tiene garantizado el apoyo parlamentario.