Climent cambia el reparto de fondos entre sindicatos sin consultar con Les Corts
El pasado 28 de febrero todos los grupos políticos de Les Corts a excepción del PSPV, aprobaron una proposición de Ley del PP para reformar la Ley de Participación Institucional (LPI), la norma que reparte los fondos entre los sindicatos y la patronal. La modificación planteada por los populares consistía en que estas partidas no lleguen únicamente a la patronal y los dos grandes sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT), sino que se repartan también entre las organizaciones más pequeñas.
Lo que, al parecer, desconocían los diputados que votaron a favor de la proposición, es que la reforma de la Ley no es necesaria, puesto que desde la Conselleria de Economía se han realizado ya los movimientos necesarios para que el dinero llegue a todo el mundo. El conseller que dirige este Departamento, Rafael Climent (Compromís), cansado de las críticas y demandas procedentes de los sindicatos más pequeños (con los que, además, tiene más cercanía ideológica) preparó los cambios de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales de la Generalitat para este ejercicio.
Por una parte, en el desarrollo de la LPI, se incluye un apartado de «colaboración», dotado con 600.000 euros en el Presupuesto, a través del cual las organizaciones minoritarias pueden obtener estas ayudas presentando proyectos en materia de riesgos laborales. Pero, además, las cuentas de la Generalitat incluyen este ejercicio una partida con 2,2 millones de euros destinadas a las ayudas a las organizaciones sindicales. Este apartado contenía solamente 397.000 euros el año pasado.
Es decir, que sin realizar ninguna modificación de la Ley aprobada en Les Corts, Climent logró que los sindicatos menos representativos (CSI·F, Intersindical y USO, entre otros) consiguieran 2,8 millones de euros. Por su parte, la patronal, UGT y CCOO reciben 800.000 euros cada uno por la LPI, más 200.000 cada uno de ellos por acciones en materia de prevención de riesgos laborales.
Este dinero procede de la propia Ley de Participación Institucional, dotada, desde que la aprobó el PP en 2015, con cerca de cinco millones de euros para cada ejercicio, a repartir entre la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), UGT y CCOO. La patronal dijo desde el principio que no quería tanto dinero público, de hecho su intención es desvincularse de este tipo de ayudas progresivamente para lograr más fondos privados.
Por su parte, los dos grandes sindicatos se mostraron de acuerdo en repartir el dinero con los minoritarios, con tal de que estos dejaran de generar polémica con esta normativa.