Las Cortes Valencianas inician el debate sobre los privilegios de los expresidentes
La propuesta parte de Podemos y se trata de la segunda vez que la impulsa en la presente legislatura, aunque la primera sin éxito entre sus socios (especialmente el PSPV). En la sesión de este miércoles todos los grupos han aprobado por unanimidad la tramitación para modificar la ley para discutir cuestiones como que los exjefes del Consell dejen de ser miembros natos del Consell Jurídic Consultiu (CJC) o arbitrar mecanismos de retirada de derechos y recursos en caso de condena por un delito contra la administración pública.
La iniciativa de la formación morada pasa por que sean miembros natos únicamente del Consejo Económico y Social por un periodo máximo de cinco años, condición que será incompatible con el ejercicio de cualquier lugar de responsabilidad ejecutiva en las administraciones públicas y cuando se den los supuestos de incompatibilidad legalmente establecidos.
Apunta también que un tercio del número total de diputados, pertenecientes como mínimo a dos grupos parlamentarios diferentes, podrán proponer la revocación del tratamiento y los medios cuando un expresidente sea condenado por sentencia firme antes, durante o después de su mandato. La revocación deberá ser aprobada por la mayoría reforzada de das tercios de votos favorables de la cámara.
«Transparencia»
La portavoz adjunta de Podemos Fabiola Meco ha defendido la necesidad de la «transparencia» en la utilización de los recursos públicos mediante la rendición anual de cuentas, al tiempo que ha indicado que la revocación de un expresidente es un mecanismo para «defender la dignidad e integridad de las instituciones» después de que 3 de 4 acabaran procesados.
Meco ha remarcado que tras las sentencias firmes, en un Estado de Derecho «no caben honores ni placas ni privilegios» y ha cifrado en más de un millón de euros el coste para los valencianos de las oficinas de que disponen los expresidentes Francisco Camps, Alberto Fabra y la que utilizó en su día José Luís Olivas. «¿Por qué aquí tenemos que seguir pagando oficinas opacas?», se ha preguntado.
La parlamentaria de Compromís Mireia Mollà, en la misma línea, ha considerado que «la única razón objetiva» para que vayan al CJC es porque «tienen un sueldo asegurado», por lo que ha abogado por reflexionar sobre el papel que los expresidentes pueden desarrollar que, a juicio de la formación, debe ser el CES. Por tanto, ha subrayado que la coalición «no apoyará ninguna tramitación de una ley que vuelva a incluir a los expresidentes en el CJC». Asimismo, ha considerado «razonable» que durante la tramitación parlamentaria se aborde el porcentaje que pueden percibir de sueldo durante un tiempo determinado dado el régimen de incompatibilidades al que están sometidos tras su actividad en el ejecutivo.
El PSPV se desliga
Por su parte, el portavoz socialista, Manolo Mata, se ha desvinculado de los posicionamientos de sus socios por uno de los debates que ha considerado «más incómodos». En su opinión, una persona es presidente de la Generalitat porque «la democracia valenciana lo quiere» y ha destacado que se trata de «una de las profesiones más sacrificadas y nobles que hay» por la «entrega y dedicación», por lo que ha defendido que puedan seguir aportando a la Comunidad en instituciones como el CJC.
A su juicio, la ley no se puede hacer «para personas concretas porque siempre es un desastre», al tiempo que ha subrayado que el derecho «no es venganza ni castigo, sino una luz que alumbra el camino» y ha criticado que con esta propuesta de Podemos no se podrían retirar los honores a un exjefe del Consell condenado por asesinato o pedofilia ni tampoco revocar a los tres exjefes del Consell del PP.
Sin carácter retroactivo
Desde la oposición, el diputado de Ciudadanos Emigdio Tormo ha abogado por mantener el tratamiento honorífico a los exjefes del Consell y que tengan un porcentaje respecto de su sueldo durante unos años concretos tras el ejercicio de su actividad porque «tampoco se puede condenar a la indigencia a quienes ostentaron la máxima responsabilidad». En su opinión, se trata de personas que pueden aportar conocimiento y contactos pero sin que sean «jarrones chinos», de modo que no cree que deban estar ni en el CJC ni en el Comité Económico y Social, en los cuales debe haber expertos.
En cuanto al PP, el parlamentario Alfredo Castelló ha acusado a la de Podemos de «hacer trampas, decir cosas falsas y actuar de forma trilera» ya que su propuesta no tiene carácter retroactivo y, por tanto, no afectaría a Camps o Zaplana. «Esto es engañar a la gente», ha subrayado, para espetar que la formación «nace para subvertir el régimen 78 y cambiar los parámetros de la democracia». Asimismo, ha señalado que la norma «engaña en su exposición y es demagógica y sectaria y está basada en el odio».