Castilla y León se dota de la primera Ley en España para alcanzar la «pobreza cero»
Por eso, esta Ley supondrá «un punto de inflexión» en la forma de actuar contra la pobreza y la exclusión para conseguir el objetivo final que es el de alcanzar la pobreza cero en Castilla y León. Los Grupos Parlamentarios en las Cortes respaldaron esta tarde por unanimidad la aprobación de esta norma, que permitirá dotar de «carácter estable» a esta herramienta, que de esta manera se desvinculará de su aplicación en la situación de crisis económica en la que fue creada.
Según Alicia García, se trata de un sistema «pionero» en España que está sustentado en derechos «y no en el asistencialismo», y que asume un modelo de trabajo «coordinado y en red» de los diferentes agentes y que no solo satisface las necesidades básicas de las personas, sino que «va más allá» y busca «una salida a la exclusión a través fundamentalmente del empleo».
La menor tasa de hogares con carencia
La consejera puso de relieve el buen funcionamiento de este sistema, que recordó que ha atendido a 190.000 personas el año pasado con un presupuesto de 190 millones de euros, y que este año prevé atender a unas 200.000 personas gracias a una cuantía presupuestaria de 207 millones de euros. A partir de los buenos resultados obtenidos, que han permitido hacer de Castilla y León la Comunidad con la menor tasa de hogares con carencia material severa, y la segunda con menor tasa de niños en hogares con privación material severa, se pretende dar «un paso más» y seguir profundizando en el método de trabajo en red aplicado hasta ahora «para llegar a más personas, llegar mejor, llegar a todos los lugares y llegar antes», explicó.
Además, y con el objetivo de llegar a más personas, crea cuatro nuevos derechos subjetivos en el ámbito social, ya que pasa a considerar prestaciones esenciales, y por lo tanto, estarán «públicamente garantizados» el servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio por deuda hipotecaria; le prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria; la prestación económica para el alquiler de vivienda habitual o el servicio de provisión inmediata de alimentación.
De la misma manera, suma once nuevos recursos a los ya incluidos en la Red, para así garantizar el acceso «prioritario» a las personas más vulnerables, incluyendo además de los servicios sociales, los de empleo y vivienda destinados a estas personas. Estos recursos se engloban en un ámbito de protección y atención a necesidades básicas de subsistencia; recursos de atención con acceso prioritario; y recursos para la inclusión social y laboral. Igualmente, la Red amplía su apoyo y atención, ya que también prestará atención a las personas que se encuentran en situación de desamparo personal, como es el caso de las víctimas de violencia de género, los menores desprotegidos o los mayores incapacitados.