El Pacto de Toledo recupera el IPC para revalorizar las pensiones
Primera victoria parlamentaria del PSOE. Lo que no consiguió Mariano Rajoy en año y medio lo ha logrado el Gobierno en tan solo diez días. Volver a utilizar el IPC como referencia para revalorizar las pensiones era una línea roja del PSOE; llegó a condicionar la negociación de las demás recomendaciones del Pacto de Toledo. Y en su primera reunión tras la moción de censura, los grupos le han dado la razón. Sus señorías han llegado a un entendimiento que supondrá mantener el poder adquisitivo de los jubilados cada año.
Además, los socialistas han conseguido dejar la puerta abierta a una subida superior en los años de gran crecimiento económico empleando para ello los indicadores que decidan los agentes sociales en la mesa abierta sobre pensiones. Con este acuerdo, el partido en el Gobierno hace también un guiño a sindicatos y a la patronal para retomar el diálogo social, estancado desde hace meses.
Pero el acuerdo de revalorización no está cerrado definitivamente. Los grupos no han conseguido llegar a un acuerdo sobre la actualización que tiene que aplicarse en los años de recesión. La propuesta del portavoz del PDECat en la Comisión, Carles Campuzano, la base sobre la que se ha acordado, es que en estos periodos de crisis solo suban las pensiones más bajas. El PP y Ciudadanos respaldan esta opinión, pero tanto el PSOE como Unidos Podemos se mantienen firmes en el IPC todos los años y para todos. Este escollo está aún por despejar en la comisión.
Volver a utilizar los precios como referencia para actualizar las pensiones supone un nuevo mazazo para la reforma de 2013, teniendo en cuenta que uno de sus principales pilares, el Factor de Sostenibilidad, ya se ha aplazado hasta 2023 tras el acuerdo presupuestario alcanzado entre el Ejecutivo de Rajoy y el PNV. El Congreso decide así volver a utilizar la fórmula que aplicó en los años noventa y que la reforma de 2013 sustituyó por el Índice de Revalorización, un indicador que se ha utilizado durante cinco años y que liga la subidas de las nóminas a la salud de la Seguridad Social y no al crecimiento, como ahora se pretende. En los noventa la inflación interanual registrada en noviembre servía para ajustar el alza aplicada en enero con el fin de que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo. Ahora deberá determinarse cuál será el sistema.
El coste generado por esas revalorizaciones, derivado de las desviaciones de la inflación respecto a las previsiones iniciales, provocó elevadas facturas adicionales para el sistema en el pasado, lo que forzó el cambio en el método de cálculo, desligado de los precios. La factura ahora también será de calado, lo que meterá presión a un sistema que tiene un desfase entre ingresos y gastos de 18.800 millones de euros.
¿Qué costará vincular de nuevo la subida de las pensiones a los precios? Solo este año, en el que las pensiones subirán un 1,6%, el coste para las arcas públicas será de unos 1.800 millones de euros, cifra que se elevaría por encima de los 2.100 millones si se tiene en cuenta que ya en enero las pensiones subieron un 0,25%, lo que tuvo un coste cercano a los 333 millones. La factura sería mayor cada año que pasara dado que el coste de la revalorización anual se iría consolidando. Es decir, que en 2019 los 1.800 millones se sumarían a los que tendría que desembolsar el Estado ese ejercicio por la vinculación de las nóminas a la evolución de los precios, en torno a otros 1.800 millones. Resumen: más de 5.000 millones de euros.
La recomendación dos del Pacto de Toledo, la revalorización de pensiones, ha sido el principal escollo para renovar el acuerdo parlamentario. Cuando hace ya casi dos años se apreciaron las diferencias en este punto, se dejó al margen y se avanzó en otros. Pero la mejora económica y las subidas del 0,25% aplicadas desde 2014, provocaron la indignación del colectivo de pensionistas en los primeros meses de este año y manifestaciones alentadas por Podemos. La movilización llevó al Parlamento a volver a abordar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. Y forzó al Gobierno de Rajoy a aceptar el órgado del PNV para subir un 1,6% las jubilaciones este año y la previsión de inflación en 2019.