Procesado el exconcejal de Alicante Llorens por posible malversación en obras del Plan E
El auto, hecho público este lunes por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) y que puede ser recurrido, también detalla indicios de delito suficientes para llevar a juicio contra un técnico municipal, José María Lidón, y los empresarios Juan Manuel Valdivieso y Javier Álvarez.
La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Alicante, Patricia Romero, atribuye inicialmente a los cuatro implicados presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, tráfico de influencias, negociación y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.
Según la juez, existía un acuerdo, "al menos durante los años 2009 y 2010", entre este técnico de la Concejalía de Atención Urbana y dos empresas, Civil de Construcciones, Mantenimientos y Servicios (CCMS) y BECSA, para "beneficiarles de forma ilícita" en la contratación pública de obras.
Merced a ese acuerdo, precisa el auto, el apoderado de BECSA, Juan Manuel Valdivieso, "habría efectuado el pliego de condiciones de diversos proyectos del denominado Plan E de 2009", aprobado por el Gobierno central durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
Esos mismos proyectos fueron firmados presuntamente con posterioridad por Lidón "como propios" y terminaron con la adjudicación de los trabajos a BECSA, y a CCMS como mercantil subcontratada, que también recibió otras contrataciones de obra menor de forma directa.
Para Romero, "existen indicios de que dichas irregularidades serían cuanto menos conocidas y consentidas" por el entonces "concejal delegado de Atención Urbana, Andrés Llorens Fuster".
Otras causas
El que fuera vicealcalde y mano derecha de la exalcaldesa del PP Sonia Castedo (también a la espera de juicio por supuesta corrupción en el marco del 'caso Brugal') está procesado, además, por otro juzgado por un supuesto fraude en las contrataciones con la empresa Isjoma SL.
Las obras ejecutadas con cargo a los fondos estatales del Plan E en Alicante consistían en la renovación o acondicionamiento de calles, avenidas, paseos, plazas y jardines, así como en la construcción de contenedores de basura soterrados.
Otro de los contratos bajo sospecha se refiere al servicio de mantenimiento parcial de vías públicas a favor de una unión temporal de empresas (UTE) integrada por CCMS y Enrique Ortiz e Hijos.
El técnico municipal acudió también a CCMS para la realización de obras menores que no requerían publicidad, como los trabajos de pintura en la pedanía de El Rebolledo, de explanación en el barrio de Garbinet o la instalación de una rampa en la calle Eduardo Torroja.
La juez recuerda en su auto que la Policía encontró un documento, denominado R-03, durante el registro de la delegación de BECSA en Alicante que incrimina en estas presuntas irregularidades a Llorens.
Se trata de una tabla fechada el 25 de febrero de 2009 que recoge una relación de proyectos a licitar con cargo al fondo estatal de inversión local "y en el que parece indicarse la existencia de un compromiso adquirido por parte de miembros del Ayuntamiento de Alicante para adjudicaciones por un valor aproximado de 5.000.000 de euros".
"Y esa persona no puede ser otra que el concejal delegado de la Concejalía de Atención Urbana, que es el órgano gestor del contrato, Andrés Bernardino Llorens Fuster, siendo éste quien firma todas las licitaciones objeto de examen", concluye la magistrada.