Catorce países de América llaman a consultas a sus embajadores en Venezuela tras las elecciones
Entre las medidas adoptadas, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía han anunciado en un comunicado conjunto que «llamarán a consultas a los embajadores en Caracas y convocarán a los embajadores de Venezuela para expresar» su protesta.
Esos gobiernos remarcaron que «no reconocen la legitimidad del proceso electoral desarrollado en la República Bolivariana de Venezuela que concluyó el pasado 20 de mayo, por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente».
A la postura del Grupo de Lima se suma a la actitud de España y la Unión Europea, que estudiarán medidas contra Venezuela tras irregularidades votación. El Gobierno español ha subrayado que las elecciones venezolanas presentaron «deficiencias democráticas fundamentales» y «graves irregularidades», por lo que España, junto a sus socios europeos, «estudiará la adopción de medidas oportunas».
Los expresidentes españoles José María Aznar, Felipe González y otros 21 exmandatarios de países iberoamericanos han denunciado que estas elecciones han sido «una farsa electoral», por lo que han reclamado a la comunidad internacional que no reconozca los resultados.
En cambio, representantes de países próximos al régimen bolivariano sí han reconocido las elecciones y han felicitado a Maduro por su «reelección». Es el caso del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de su antecesor en el cargo, Raúl Castro, así como del presidente de Bolivia, Evo Morales, y del Gobierno iraní, que considera los comicios «un gran éxito para la democracia en el país latinoamericano».
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ganó los cuestionados comicios celebrados este domingo en su país, por lo que se mantendrá en la jefatura del Estado durante el período 2019-2025.
Maduro obtuvo 5.823.728 votos, con una participación de 8,6 millones de electores de los más de 20 millones que estaban convocados, lo que significa una de las participaciones más bajas de la historia venezolana.
El comunicado, que fue difundido hoy por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, anunció que los países del Grupo «llamarán a consultas a los embajadores en Caracas y convocarán a los embajadores de Venezuela para expresar» su protesta.
Reiteró, además, «su preocupación por la profundización de la crisis política, económica, social y humanitaria que ha deteriorado la vida en Venezuela».
Señalaron que esta situación «se ve reflejada en la migración masiva de venezolanos» y anunciaron que ha decidido «presentar en el marco del 48° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos una nueva resolución sobre la situación en Venezuela».
El Grupo sostuvo que ante la situación causada por el incremento de la migración de venezolanos y «el impacto que está teniendo en toda la región» ha decidido convocar a una reunión de alto nivel con autoridades responsables del tema migratorio y de refugio, durante la primera quincena de junio en Lima, según recoge Efe.
Denuncia de la «grave situación humanitaria»
También deploró «la grave situación humanitaria en Venezuela» y anunció la convocatoria a otra reunión de alto nivel con autoridades responsables del sector salud para coordinar acciones en materia de salud pública y fortalecer la cooperación para atender la emergencia epidemiológica.
Los países del Grupo informaron que, con el objetivo de «contribuir a preservar las atribuciones de la Asamblea Nacional», solicitarán que cada país emita y actualice circulares o boletines nacionales «que transmitan al sector financiero y bancario el riesgo en el que podrían incurrir si realizan operaciones con el gobierno de Venezuela que no cuenten con el aval de la Asamblea Nacional».
Además, decidieron coordinar acciones para que los organismos financieros internacionales y regionales procuren no otorgar préstamos al Gobierno de Venezuela, «por la naturaleza inconstitucional de adquirir deuda sin el aval de su Asamblea Nacional, excepto cuando el financiamiento sea utilizado en acciones de ayuda humanitaria».
El Grupo remarcó, finalmente, que «continuará dando seguimiento al desarrollo de la situación en Venezuela con el objeto de adoptar las medidas adicionales que correspondan, de manera individual o colectiva, para favorecer el restablecimiento del estado de derecho y el orden democrático en ese país».