Alemania abrirá centros de detención masiva para solicitantes de asilo
La Unión socialcristiana de Baviera (CSU), partido hermano de la conservadora CDU de Merkel, ha emprendido una campaña entre el resto de los Bundesländer para promover los centros de detención para refugiados que el gobierno alemán aprobó durante la pasada legislatura, dentro de un conjunto de reformas para endurecer el derecho de asilo. El secretario general de la CSU, Markus Blume, ha pedido a los estados federados alemanes que apoyen el establecimiento de los denominados legalmente «centros de anclaje», alegando que Baviera no puede asumir en solitario su implementación. El hecho es que la mayoría de las regiones alemanas rechazan los centros y la fase piloto planificada por el Ministerio Federal del Interior de hasta seis ubicaciones amenaza con fallar. Ni son socialmente aceptados, ni nadie los quiere en su barrio.
El diseño de estos centros corresponde a la reforma aprobada en 2017. El Consejo de Ministros alemán aprobó un proyecto de ley para agilizar la expulsión de solicitantes de asilo rechazados, que incluye obligar a los solicitantes de asilo a vivir durante un tiempo determinado en un centro de primera acogida, prorrogable para aquellos sin perspectivas de recibir asilo, que podrán ser expulsados directamente desde allí a sus países de origen. Al contrario de lo que venía sucediendo, el margen de movimiento de los demandantes durante el proceso administrativo y por supuesto de los rechazados queda severamente reducido a ese centro y a la zona en la que se encuentra la oficina de extranjería que lleva su caso. El objetivo era aumentar el control sobre los procedimientos de solicitud de asilo y evitar, por ejemplo, que los recién llegados presentasen diversas solicitudes en diferentes oficinas al mismo tiempo. La reclusión en estos centros permite además aumentar la seguridad hasta la verificación de la identidad de los recién ingresados en el país, ya que muchos de ellos llegan sin documentación de sus países de origen o con documentos comprados en el mercado negro. El tiempo máximo de internamiento previo a la fecha de la deportación se ampliará de cuatro a diez días para ofrecer un margen a la organización, por ejemplo, de expulsiones en grupo, y está previsto que los servicios sociales de atención al menor puedan presentar con mayor celeridad solicitudes de asilo para refugiados menores de edad no acompañados.
Este plan diseñado en Berlín ha sido, sin embargo, bien acogido por los Bundesländer. Renania-Palatinado, Hesse, Turingia, Sajonia-Anhalt y Schleswig-Holstein no quieren participar en la fase piloto anunciada. Algunos de estos gobiernos regionales han pedido al nuevo ministro de Interior, Horst Seehofer, que presente otro concepto más aceptable, pero el ministro se ha limitado a insistir en que a partir de 3 de mayo da comienzo la fase inicial y que deberá haber concluido en agosto o septiembre. Según el Secretario de Estado Helmut Teichmann, el Ministerio pretende de cinco a seis de esos centros estén en activo en esa fecha, pero por ahora, para cumplir el plazo, debería implantarlos todos Baviera, el único de los estados federados entusiasmado con la idea porque es a través de su frontera con Austria por donde mayormente encuentra vía de entrada el flujo de refugiados.
«Si algunos estados federales se niegan a introducir centros de anclaje, no es una actitud que me despierte simpatía», ha dicho el primer ministro de Baviera, Markus Söder, amenazando con que la única alternativa será rechazar a los refugiados directamente en la frontera, antes de que entren en Alemania.
La gran reforma legal amenaza con quedar en papel mojado si los Bundesläder se niegan a aplicarla. Incluía también nuevas capacidades que la policía sí ha comenzado a utilizar, como el acceso a los dispositivos móviles de los demandantes de asilo para determinar su identidad y la detención para su expulsión de aquellos peticionarios de asilo rechazados que representan una amenaza a la integridad física o a la seguridad nacional y contempla también la introducción de tobilleras electrónicas para una mejor vigilancia de sospechosos.