Un abogado de oficio andaluz cobró 110 euros menos por un juicio rápido que un catalán
Por debajo de la Justicia bullen reclamaciones de sus artífices. El servicio de asistencia jurídica gratuita es un derecho reconocido en el artículo 119 de la Constitución española que tienen los ciudadanos que no pueden permitirse costear un abogado privado y está regulado por la Ley 1/1996, de 10 de enero. Los letrados adscritos a éste los asisten mediante la designación del servicio de orientación jurídica (SOJ) y reciben una compensación que posee carácter indemnizatorio. En Andalucía, la Justicia gratuita o turno de oficio depende de la Junta y existe un Decreto, el 5/2017, de 16 de enero, en el que se establece la garantía de los tiempos de pago de determinadas obligaciones de la Administración autonómica y sus entes instrumentales como las relativas a ese campo. De acuerdo a su articulado, el abono de estos servicios, justificadas las actuaciones, ha de realizarse «en un plazo reducido de 20 días naturales». Pero esto no siempre es así. De hecho, fuentes de una Red de abogados que se han organizado a nivel nacional para luchar por dignificar su profesión, entre otras cuestiones, apuntan a LA RAZÓN el caso concreto de «un asunto que se finalizó a principio de octubre de 2017» y que, a pesar de que deberían haberlo sufragado «como máximo 20 días después de su presentación», se ha cobrado «a principio de mayo de 2018», esto es, siete meses después.
Pero no es esa dilación lo único que denuncian. Otra de las demandas realizadas por la Red de letrados andaluces pasa por «la igualación de los baremos en todo el territorio, primero en toda la comunidad y después en todo el país». Pretenden lograr que «un abogado en turno de oficio cobre igual en Barcelona, en Bilbao o en Utrera» y para conseguirlo, advierten de que la región «debería subir los baremos un 51% con respecto a los aplicados en el ejercicio 2016 e igualar todas las intervenciones en el mismo». Aquel año, mientras en el País Vasco se pagaron 190 euros, 325, 562,64 o 325,50 por la asistencia a un detenido, cubrir un procedimiento abreviado, ocuparse de un divorcio contencioso y de un juicio rápido, respectivamente; o en Cataluña, 168 euros, 390, 403,35 y 362; en Andalucía lo ingresado, en el mismo orden, fue de 126 euros, 252, 297 y 252, según los datos que manejan. Esto es, un abogado del turno de oficio andaluz percibió 110 euros menos que uno del catalán por encargarse de un juicio rápido.
En ese contexto, las fuentes consultadas por este periódico avisan de que cuando el Gobierno autonómico presume de haber aumentado un 11% las retribuciones de abogados y procuradores ligados a la Justicia gratuita, se trata de una afirmación con trasfondo. Explican que la Junta armó una Orden, del 17 de septiembre de 2012, gracias a la que redujo «un 10% lineal en todos los baremos existentes en las actuaciones profesionales» de esos colectivos, así como en las guardias prestadas por los letrados. Si bien, luego, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la anuló, «sin que la Junta acepte dicha nulidad», por lo que recurrió la sentencia. La Junta elaboró una nueva Orden, de 13 de febrero de 2018, por la que se aprobaron nuevos módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita, que «tiene como objetivo principal», aseveran desde la mencionada Red combativa, «el restablecimiento de las cuantías a las vigentes antes del ejercicio 2012». «Después de tanto bombo y platillo», deslizan, «los abogados andaluces del turno de oficio están igual que en 2012 pero con una ‘medalla’ por los acuerdos alcanzados». Lamentan que la comunidad sea una de las que «tiene los baremos más bajos» entre las regiones del mapa estatal que tienen transferidas las competencias judiciales y que no se tenga en cuenta «el trabajo realizado para el pago». Lustrar la Justicia conlleva mejorar escenarios como éste.
Una Red con rotundos objetivos
La Red nacional en la que se han organizado los abogados para detectar deficiencias y exigir soluciones se ha marcado una hilera de objetivos gruesos. El primero es la defensa de una Justicia con medios suficientes y el segundo pasa por que ésta sea independiente. El tercero de sus fines es dignificar su profesión, bloque en el que se pueden encuadrar las reclamaciones ligadas al turno de oficio, y un cuarto hace referencia a la conciliación de la vida familiar y laboral. Estos letrados están presentes en las redes sociales y la cuenta en concreto de la andaluza en Twitter es @AndaluciaAbo. Ahí se puede seguir el dibujo de sus huellas.