Zarrías declara que las ayudas de ERE se conocían en el programa del PSOE
El juicio del caso ERE llega a los escalones superiores del Gobierno andaluz. Quien fuera consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías desde 1988 hasta 1990 y desde 1996 hasta 2009 ha defendido este miércoles ante el tribunal que las ayudas sociolaborales eran de conocimiento público porque «figuraban en los programas electorales, en los discursos de investidura, en los acuerdos de concertación social y en las leyes de presupuestos» que aprobaba y debatía el Parlamento andaluz
Aunque ha afirmado que era «pública y notoria» la concesión de ayudas de este tipo, cuyo procedimiento lo ha sentado en el banquillo de los acusados junto a 21 ex altos cargos más de la Junta de Andalucía, Zarrías ha contestado que «no lo sé» o «no le puedo decir» cuando el fiscal Juan Enrique Egocheaga le ha preguntado a dónde tenía que acudir un trabajador andaluz para conocer si cumplía los requisitos para recibir ayudas sociolaborales.
Zarrías, que se enfrenta a una posible pena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación, ha justificado su desconocimiento por los aspectos concretos de estas subvenciones amparándose en que «la competencia estaba residenciada en la Consejería de Empleo». «No le puedo decir, señoría. Era público y notorio, señor fiscal, a través de las centrales sindicales..., no le puedo concretar», ha puntualizado.
El antiguo número dos del expresidente andaluz Manuel Chaves -que se sienta en el banquillo junto con José Antonio Griñán- ha afirmado que cuando estaba convencido de que había regulación para la concesión de las ayudas.
A este respecto, ha señalado que tales ayudas estaban bajo el paraguas de la Ley de Hacienda, que regulaba las subvenciones; las leyes de presupuestos de la Junta y también existían normas estatales como la órdenes ministeriales de 1994 y de 1995 para ayudas previas a la jubilación y a trabajadores afectados por procesos de reconversión y reestructuración de empresas. «Regulación había», subrayó.
A preguntas del fiscal Juan Enrique Egocheaga, Zarrías, que presidió durante estos años la Comisión General de viceconsejeros andaluces, también conocidos como «consejillos», ha indicado que no conocía el programa 31L, por el que se pagaban las ayudas por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) -después llamada Agencia IDEA- a través de transferencias de financiación, dinero que la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo enviaba a este ente instrumental. «Sabía que entre las competencias de Empleo estaban las ayudas, pero no conocía la normativa», afirmó.
El exconsejero y exvicepresidente de la junta ha relativizado la importancia de las ayudas sociolaborales porque el objetivo principal del Gobierno andaluz era que no se cerraran las empresas y no se perdieran puestos de trabajo. «Cuando se planteaba una ayuda sociolaboral se fracasaba en el intento de salvar la empresa», ha asegurado.
Los 22 ex altos cargos de la Junta están acusados de crear y mantener un procedimiento con el que el Gobierno andaluz repartió entre 2001 y 2011 un total de 855 millones en ayudas sociolaborales presuntamente de forma arbitraria y eludiendo los controles administrativos, según determinó el juez instructor que dio por cerrada la investigación.