Sanidad abre un expediente a seis clínicas abortivas por ocultar los riesgos en su web
Que no existe ninguna investigación médica que demuestre que exponerse a más de un aborto inducido suponga un riesgo añadido para la salud de la mujer, que este procedimiento no tiene efecto alguno sobre la fertilidad de las pacientes o, incluso, que hay menos peligros durante una interrupción voluntaria de un embarazo que durante un parto. Ejemplos de las afirmaciones que, lanzadas por algunos centros de aborto en Madrid a través de sus páginas web, son entendidas por la Asociación Española de Abogados Cristianos como «publicidad engañosa utilizada para promocionar su negocio». Para combatirlo, esta agrupación decidió hacer una macro denuncia contra un total de 20 clínicas de todo el país a la que la Consejería de Sanidad de la Comunidad ha respondido iniciando un proceso de apertura de expedientes a los seis centros madrileños incluidos en esta acusación. En concreto, las clínicas afectadas son: Dator, El Bosque, Isidora, Retiro, Sergine Médica y Pacífico, cuya información acerca del aborto asistido, según afirman fuentes de la Consejería, «podría vulnerar la normativa».
Según palabras de la presidenta de la asociación denunciante, Polonia Castellanos –recogidas ayer por la agencia de noticias Europa Press–, con el contenido de sus espacios digitales, estos establecimientos clínicos demuestran un «desprecio absoluto por la salud de las mujeres» que, en cada intervención quirúrgica de este tipo, corren el riesgo de sufrir «infecciones, desgarros y hasta extirpaciones de útero». Mostrando su apoyo a la causa, más de 5.000 personas han firmado en la web de esta asociación de abogados su petición por el cumplimiento por parte de los centros abortivos de su obligación de informar a sus clientes, también en Internet, de los peligros que asumen cuando deciden abortar voluntariamente.
Así las cosas, en Madrid se inicia ahora la fase de alegaciones y aportación de documentación a tener en cuenta en la elaboración los expedientes y, en función de estos datos, derivará finalmente una sanción económica o no. No obstante, la Consejería de Sanidad insiste en que esto no significa en ningún caso que la Comunidad esté denunciando la práctica del aborto en sí, sino sólo las posibles informaciones falsas al respecto.