CC.OO. niega que el top manta destruya empleo y UGT apoya despenalizarlo
«Los productos falsificados tienen una vía de comercialización muy grande y no procede que el castigo recaiga sobre el eslabón más débil de la cadena, sino que habría que apuntar a las mafias», asevera Nogales. Martínez cree que dar una solución al problemas de los manteros no puede enfocarse desde un punto de vista jurídico-doctrinal por el componente social que tiene este asunto, y apunta a las políticas de inmigración. «La legalización de la venta ambulante es algo ya tradicional y recurrente, ha tenido distintas soluciones en el tiempo y siempre tienen un alcance asimétrico al ser actividades caracterizadas por la informalidad», dice.
Martínez asegura que «la mayoría de esas falsificaciones son prendas u otros productos elaborados en maquilas en Centroamérica o Asia que no ganan las subastas para ser vendidos por las redes formales o de la marca oficial». «Y sin embargo, ¿qué es lo que se vende en los “outlets” de los “malls” de EE.UU. y en los mercadillos de Europa? Esas prendas de las maquilas», denuncia, asegurando que lo que más está perjudicando al empleo en el sector es el comercio electrónico y la digitalización.
Un punto de vista distinto al de las asociaciones de autónomos y fabricantes. El presidente de la Federación de Autónomos, ATA, Lorenzo Amor, señala que la propuesta de Podemos «es un despropósito». «No nos equivoquemos y vayamos a fomentar la economía sumergida y el fraude fiscal. No fomentemos la competencia desleal contra los que pagan sus impuestos y cotizaciones», pide.
Amor sí contempla que la medida afecta negativamente a la pyme y los autónomos. «A quién más daña es al pequeño comercio, que intenta competir con Amazon o eBay y también se les pone una nueva traba... la vaca no tiene más leche y los autónomos no pueden seguir pagando para que algunos vivan a costa de ellos», zanja.
La Asociación para la Defensa de la Marca (Adema) lamentó ayer que «es realmente preocupante que un partido político plantee una proposición de ley que legalizaría la venta ilícita de productos que no sufren ningún tipo de control de calidad, con ocupación del espacio público, sin ningún tipo de autorización ni el pago de impuestos ni tasas». Ello generaría un «agravio comparativo» con los «requisitos legales» que soportan empresas y comerciantes que venden productos legales. La Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (Euipo) calcula que España pierde cada año 67.405 empleos por las falsificaciones y las pérdidas ascienden a 7.659 millones de euros.