Las Cortes Valencianas aprueban inspeccionar los contratos con empresas de Gürtel con el voto del PP
La proposición no de ley original partía del partido morado. En ella se pedía conocer cuántos de esos empresarios tienen a día de hoy contratos con la Generalitat, e informar al Parlamento autonómico de los que se han firmado en la presente legislatura y cuáles han sido las garantías legales. Igualmente, pretendían analizar dichas contrataciones para, en caso de detectarse irregularidades o incumplimiento de la legalidad, cancelarlos y establecer las multas oportunas.
Los morados añadían asimismo un punto para avanzar en medidas que garanticen una mayor transparencia -tales como comisiones de inspección y observatorios de la contratación-, así como la concurrencia en la contratación pública, favoreciendo que sea más accesible para pymes y cooperativas.
A este texto inicial, Podemos ha admitido una enmienda firmada por PSPV y Compromís en la que se concretaba la creación de esa oficina, cuya posibilidad se encontraba recogida en la ley estatal de contratos públicos.
Las del PP, por contra, han sido rechazadas. En ellas solicitaba poner en marcha un registro público con las empresas participantes en contratos públicos y adjudicatarias y si su titular, socios o administradores guardan parentesco con algún alto cargo del Gobierno, detallando el grado de relación y el alto cargo afectado. Además, planteaba sustituir las referencias a la trama Gürtel por «casos de corrupción» en general.
Anulación de los contratos
El portavoz de Podemos, Antonio Estañ, ha recordado la confesión de los nueve empresarios -a quienes ha nombrado uno por uno- de que financiaron ilegalmente al PP y ha criticado que este partido «ya se ocupó de asegurar que su modelo permanecería intacto». «Hay quienes mantienen contratas larguísimas con la administración, como Enrique Ortiz con su gestión deficiente de las basuras al más puro estilo napolitano. Siguen ganando concursos y contratas y esta situación traslada un mensaje terrible», ha señalado. Aunque ha reconocido las dificultades legales de rescindir estos contratos, Estañ ha insistido en que «hay que empezar por marcar de cerca a los corruptores confesos» y mandar el mensaje de que la corrupción «no sale rentable».
La parlamentaria del PSPV Ana Barceló ha defendido los principios de transparencia, participación, accesibilidad, supervisión y control en la contratación pública, al tiempo que ha reclamado una reforma en la legislación estatal que permita que tras una condena penal por prevaricación, cohecho o tráfico de influencias se puedan anular los contratos.
Mónica Oltra y Fran Ferri, este miércoles en las Cortes Valencianas
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EFE
Desde Compromís, la diputada Isaura Navarro ha lamentado el «clientelismo como forma de gobierno» del PP y ha remarcado que los empresarios han sido «cooperadores necesarios» en ese sistema. Motivo por el que, ha asegurado, el Consell hará «todo lo que sea posible para que no vuelva a pasar».
El parlamentario del PP Nando Pastor ha recordado a Podemos que el espíritu de su propuesta ya quedó recogido en junio de 2015 en el Acuerdo del Botánico, por lo que llevar ahora a las Cortes esta iniciativa deja entrever, en su opinión, «la desconfianza entre los miembros de ese pacto y la incapacidad y falta de cumplimiento de los acuerdos».
Además, ha preguntado por las medidas del Consell contra la corrupción y ha cuestionado si son ejemplos de regeneración y buen gobierno «cuando intentan subir de tapadillo el sueldo de los altos cargos, los gastos de la consellera Carmen Montón, la contratación a dedo un 20% más que el último ejecutivo del PP o cuando la vicepresidenta Mónica Oltra encubre y protege a un alto cargo que dedica su tiempo a insultar a personas de otros partidos», en referencia a Enric Nomdedéu. «Tampoco pueden poner como ejemplo que Fiscalía esté investigando 43 millones de euros de contratos sin adjudicar a empresas que en muchos casos son de la trama Gürtel», ha añadido, para pedir a los morados que incluyan más casos y no sólo Gürtel aunque pueda incomodar a los miembros del Consell.
Estañ, en respuesta a los populares, ha censurado que quieran «igualar un registro con relaciones de parentesco con una confesión» cuando «no es lo mismo». Pese a ello, ha agracedido el apoyo del PP a su iniciativa «porque han tenido muchos problemas para desvincularse de esas prácticas» y ha considerado «insuficientes» las acciones de sus socios de PSPV y Compromís contra la corrupción.
Ciudadanos se desmarca
Ciudadanos, por su parte, ha optado por desmarcarse y votar en contra tras la inclusión de las enmiendas de la coalición y de los socialistas. El diputado Toni Subiela ha explicado que, si bien su grupo estaba a favor de la propuesta, con la aprobación de una nueva oficina están en contra porque «supone crear otro chiringuito» y ha preguntado a Podemos si «tiene dudas de que el Consell esté aplicando correctamente la ley» o si piensa que «está haciendo lo mismo que el PP» y por ello quiere esa inspección.