Arantxa Sánchez Vicario puede ingresar en prisión
El divorcio que anuncian esta semana las revistas del corazón puede ser el menor de los problemas de Arantxa Sánchez Vicario. Ahora, tanto ella como su marido, Josep Santacana, se enfrentan a uno juntos, el de eludir la prisión, a la que podrían ir ambos por la deuda que mantienen con una entidad bancaria.
La pareja se puede enfrentar en las próximas semanas a una petición de prisión preventiva activada por el Banque de Luxembourg, entidad a la que adeudan en estos momentos 7.563.969,44 euros. Según cuenta La Vanguardia, esta petición sería la segunda ampliación de una querella criminal presentada en mayo de 2016 por alzamiento de bienes y fraude de acreedores en el juzgado Número 4 de Barcelona.
El banco de Luxemburgo logró una sentencia favorable por vía civil hace unos meses, pero aún no ha cobrado nada por parte de Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana, y no sólo eso sino que desde ese organismo creen que han cometido nuevos delitos, por lo que volvieron a dirigirse a la vía penal a finales de enero, solicitando pena privativa de libertad.
La noticia llega en el peor momento para la extenista espñola, a la que abandonó su marido, llevándose todo su dinero y que ahora le pide la custodia de los dos hijos que tienen en común.
La historia de las deudas de la pareja se remontan a 2009, cuando se descubrió que ella tenía una deuda de 5,2 millones con Hacienda, por la que tuvo que suscribir un contraaval con el banco luxemburgués, donde Arantxa mantuvo durante muchos años parte de su fortuna. Un año después, la entidad cumplió con la garantía bancaria y le reclamó el dinero y ella dijo no saber cuánto patrimonio tenía ni si podía disponer de ello. Hay que recordar que ese mismo año revocó ante notario los poderes que ostentaba su padre y administrador, pasando su marido a ocupar dicha figura.
No contento con su respuesta, el banco luxemburgués demandó a la pareja en marzo de 2011 por vía civil y obtuvo una sentencia favorable en septiembre de 2013, en la que se condenaba a Arantxa Sánchez Vicario a abonar al banco 5,2 millones de euros más los intereses de demora, casi la mitad de esos diez millones con los que el banco se conformaría a cambio de no tener que ir nadie a la cárcel.
Los asesores de la entidad han encontrado una serie de movimientos durante los últimos tiempos que serían constitutivos de delitos de alzamiento de bienes y fraude de acreedores, lo que ha propiciado la petición de prisión preventiva, alegando que, en libertad, Arantxa y Josep han demostrado capacidad para seguir alejando su patrimonio mediante entramados societarios y estructuras fiduciarias, agravando así el delito por el que fueron querellados hace casi dos años.