Las mafias chinas exigían cinco jugadores corruptos por equipo

El fútbol español de las categorías inferiores continuaba ayer en estado de shock una vez que la acción policial desarmó, después de un año de investigación y trabajo en silencio, lo que era un secreto a voces. En Segunda B y en Tercera división se amañan partidos y se arreglan pequeños lances del juego para favorecer el mercado de las apuestas, donde las mafias chinas han desembarcado al amparo de un agujero en la legislación internacional que no castiga con tanto rigor el fraude deportivo como otras actividades de estas redes (prostitución, drogas). Ayer se conocieron algunos detalles relacionados con la configuración de este clan que operaba en el fútbol. Los asiáticos exigían que al menos cinco jugadores por equipo pudieran ser corrompidos para comprar encuentros o modificar a su conveniencia los saques de esquina, los penaltis, las faltas o las tarjetas.


Uno de los cauces policiales por los que se extendió la operación Pizarro (denominada así por su origen extremeño) fue por la apertura de diligencias del fiscal jefe de Badajoz, Juan Calixto Galán Cáceres, ante la sospecha de la Federación de Extremadura respecto al arreglo de partidos, noticia que recogió el diario Hoy en septiembre de 2016. En marzo de 2017, el fiscal denunció la presunta compra de tres choques en el juzgado de Zafra y los agentes de la Brigada Especial de la Unidad de Delincuencia Especializada (UDEV) empezaron la investigación.


El mismo magistrado que inició las pesquisas explicó ayer algunos pormenores de la trama corrupta. En la cúspide estaban los ciudadanos chinos que financiaban el proceso de las apuestas y que manejaban los hilos de la organización. En España se encontraban en un primer nivel dos exfutbolistas profesionales, a los que el fiscal denominó «rectores del entramado». Se conoce la identidad de uno de ellos, Jonan García, exjugador del Athletic de Bilbao y del Alavés entre otros.


Según Galán Cáceres, uno de los exfutbolistas mantenía los contactos y la relación con los ciudadanos chinos. El segundo gestionaba y elegía las casas de apuestas donde realizarlas en función del partido señalado. Relató el fiscal que la red china exigía «un mínimo de cinco jugadores del equipo corrompidos» para aportar el dinero necesario apara arreglar el resultado, los saques de esquina, las faltas o las tarjetas en el curso de noventa minutos de juego. A pesar de la sensación de podredumbre que ofrece la Segunda B y la Tercera, «no siempre conseguían» ese propósito.



Tres niveles



En un segundo nivel figuraban los captadores o intermediarios. Jugadores en activo de Segunda B y Tercera división que intentaban convencer a los futbolistas de determinados equipos para falsificar lances de los encuentros, especialmente en Tercera y en determinadas provincias septentrionales (Almería, Sevilla, Cádiz, Jaén, Murcia o Badajoz).


En el último nivel estarían los jugadores de fútbol –en su gran mayoría de Tercera división– que se prestaban a la práctica corrupta y eran finalmente los ejecutores en el campo.


Cinco detenidos declararán hoy en el juzgado de Zafra. Tres pasaron ayer por la sede judicial, pero se acogieron a su derecho a no declarar. En Murcia hubo siete arrestos: dos del Jumilla (los defensas Juan Carlos Ceballos y José Manuel Catalá), tres del Águilas y dos del Pulpileño.


La marejada en el fútbol modesto provocó una psicosis de comunicados en diferentes clubes, que salieron al paso de posibles sospechas de fraude. Los hechos pueden ser constitutivos de un delito de corrupción, castigado con penas de hasta cuatro años de cárcel e inhabilitación profesional.