La bronca política da alas a los narcos en el Campo de Gibraltar
El asalto de un grupo de encapuchados al Hospital de la Línea para liberar a un narco que estaba siendo atendido en urgencias el pasado 7 de febrero inició una «guerra» entre administraciones que ha beneficiado directamente a las mafias que operan en esta zona de la costa gaditana.
Una disputa política que, además, no para de crecer con enfrentamientos directos entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central mientras se suceden los incidentes como el que se produjo este lunes en la barriada de El Saladillo en Algeciras donde un conocido traficante la emprendió a tiros contra la policía que tenía activado un dispositivo especial para su detención.
Ante la indignación de los vecinos, la respuesta política es la confrontación. El portavoz del Ejecutivo de Susana Díaz, Juan Carlos Blanco, arremetía ayer contra el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, al que pedía que se deje de «circunloquios verbales y zarandajas» y que aumente los efectivos en el Campo de Gibraltar.
Situaciones excepcionales
Blanco censuraba a Zoido por sus palabras en las que afirmaba que no hay «situaciones excepcionales» en la Línea, localidad que visitó este lunes sin anunciar ninguna medida concreta para poner fin a la escalada de violencia y a la impunidad con la que operan los delincuentes relacionados con el tráfico de drogas.
El portavoz de Susana Díaz pedía al ministro del Interior un incremento de trescientos agentes en la provincia gaditana. «Se necesita un reforzamiento porque se han perdido más de dos mil efectivos en Andalucía y más de trescientos en la provincia de Cádiz donde hay un problema de seguridad», aseguraba el portavoz de Susana Díaz.
Desde San Telmo, sede de la Presidencia de Andalucía, se exigía asimismo el derecho de los andaluces «a vivir tranquilos».
«Excusas»
Desde el Gobierno central las cosas se ven de una manera completamente diferente. Antonio Sanz, delegado del Gobierno en Andalucía, consideraba ayer que estas palabras eran «excusas» de la Junta para no hacer frente a los «problemas reales» de la comarca del Campo de Gibraltar. Unos problemas que, a su juicio, pasan por la educación, la vivienda, el empleo y, sobre todo, la falta de oportunidades y en los que la Junta de Andalucía «tiene el ochenta por ciento de las competencias».
El delegado del Gobierno hacía una llamada a la unidad de acción entre todas las administraciones para resolver los graves problemas de la comarca, si bien tampoco escatimaba en sus críticas a la Junta.
«La solución para la Línea y los problemas de la ciudad es una solución integral, en la que se requiere la unidad de todos por lo que pido a la Junta que esté a la altura de las circunstancias». Antonio Sanz, asimismo, pedía no confrontar entre administraciones un asunto tan delicado como es la seguridad ciudadana.
Aprehensiones de hachís
Si la Junta criticaba el oportunismo del Gobierno central, Antonio Sanz se erigía en defensor del trabajo que hacen los policías y guardias civiles en la comarca, obviando, eso sí, las duras críticas de los representantes sindicales de estos colectivos por la falta de medios humanos y técnicos para poder afrontar su trabajo con garantías y hacer frente a los métodos cada vez más sofisticados de los narcotraficantes.
El delegado del Gobierno criticaba la postura de la Junta, «lamento que la corta mirada exclusivamente electoralista de la Junta le impida ver el buen trabajo que hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», y recordaba los datos de los operativos del último año: más de 500 detenciones y la aprehensión de más de 490 toneladas de hachís. Lo que no dijo son los cálculos totales que este «negocio» mueve en la zona.