El TC ha irrumpido en la polémica sobre la enseñanza del castellano en las escuelas catalanas con una sentencia sobre la reforma educativa del Gobierno de Rajoy que da la razón a la Generalitat en su disputa con el Ejecutivo. El resumen de la sentencia es que la Alta Inspección del Estado ni es alta ni es inspección, y que el Estado no puede garantizar por sí mismo los derechos de las familias castellano-hablantes que reclamen enseñanza en este idioma. Lo que debía haber sido un modelo de descentralización competencial y de organización territorial ha acabado convertido en un sistema de neutralización de la capacidad del Estado para asegurar en determinadas comunidades el respeto a contenidos básicos de la ciudadanía española, como es el derecho a estudiar en castellano. Sólo en España es posible que una familia tenga que solicitar el auxilio judicial para estudiar en el idioma que la Constitución prevé como el común a todos los españoles. Auxilio judicial que, cuando se concede, es inútil porque el régimen nacionalista desobedece los mandatos de los tribunales.
Entre la burla nacionalista y la aplicación del artículo 155 de la Constitución debe haber un término medio que armonice los legítimos derechos de los ciudadanos de Cataluña a utilizar el castellano y el catalán en cualquier ámbito y en pie de igualdad. El Gobierno de Rajoy apuntó la idea de modificar las inscripciones escolares para que las familias pudieran elegir una opción de enseñanza en castellano. La improvisación de la propuesta, o la falta de fe en asumir este enfrentamiento con el nacionalismo, ha sumido en la confusión lo que era un primer paso en la normalización lingüística de Cataluña, que no consiste en aceptar el monopolio nacionalista sobre la identidad del buen catalán, que siempre, claro está, debe tener signo nacionalista.
