Anna Gabriel se fuga a Suiza y anuncia que pedirá asilo político
Los indicios de las últimas semanas, tal y como avanzó ABC, convertidos en pruebas en los últimos días, se transformaron, ayer, en hechos adelantados en horas, cuando Gabriel, exportavoz de la CUP en el Parlamento de Cataluña, confirmó en dos entrevistas -para una revista y una televisión suizas- que no se presentaría, este miércoles, a la citación del juez del Supremo, Pablo Llarena, que investiga a varios dirigentes secesionistas por los delitos de rebelión, sedición y malversación, entre otros, al haber intentado subvertir el orden constitucional forzando de manera ilegal la secesión de Cataluña en los últimos meses, cuya culminación habría sido el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.
Llarena investiga si Gabriel habría formado parte de este entramado, del que su compañera de la CUP Mireia Boya dio fe de su existencia y sus intenciones ante el magistrado instructor. Sin embargo, Gabriel ha preferido finalmente no declarar ante Llarena y optar por una defensa similar a la de Puigdemont: huir de la Justicia española e intentar que su caso particular tome forma internacional.
«Perseguida política»
Gabriel basará toda su defensa en considerarse y repetir, una vez tras otra, que es una «perseguida política». Y alegar, por lo tanto y siguiendo la misma línea argumental, que en España, si declara ante los tribunales, corre el riesgo de no tener un juicio justo.
Para empezar, de momento, se ha establecido en Ginebra (Suiza), ciudad en la que intentará retomar su actividad académica anterior a su paso por el parlamentarismo: profesora universitaria de Derecho.
Después, si Llarena o los tribunales piden a Suiza que la extraditen a España, en tanto que a partir de hoy se convierte en prófuga de la Justicia, Gabriel no descarta pedir asilo político: «Una extradición sería ilegal porque no hay base para sostener (que haya cometido un delito). Suiza no acepta las extradiciones que son de personas perseguidas políticamente, y este es mi caso. (...) Voy a intentar trabajar e instalarme aquí. Si no puedo, porque hay una orden de extradición, pediré asilo político».
Escrito al Supremo
Perfectamente coordinados, los abogados de Gabriel confirmaron a lo largo del día de ayer la decisión de no acudir a la citación de Llarena.
La primera que lo hizo fue su procuradora, Isabel Afonso Rodríguez, que remitió un escrito al Supremo para informar a Llarena de que ni su cliente ni ella acudirán hoy a la citación «al considerar que no existe derecho a un juicio justo en la presente causa y que sus derechos fundamentales se verían gravemente comprometidos de aceptar voluntariamente su participación en el presente procedimiento».
Por la tarde, Benet Salellas, abogado de Gabriel y exdiputado de la CUP, jugó con el sentido de las palabras para defender la decisión de la fugada: «No ha huido, ha buscado refugio por una persecución política». Acompañado de los cuatro diputados autonómicos y de la nueva dirección de la CUP, Salellas señaló que Gabriel lo que estaba haciendo era «internacionalizar» lo que definió como «conflicto político» al considerar que, en su opinión, no se están juzgando hechos sino «proyectos políticos y todo aquello que los ciudadanos quieran llegar a pensar».
Delito de rebelión en Suiza
La elección del país helvético por parte de la exportavoz parlamentaria de la formación antisistema no es casualidad. En caso de activar la petición de extradición por parte de la Justicia española, la solicitud entre España y Suiza se regiría por lo previsto en el Convenio Europeo de Extradición, que exige que el delito atribuido a la persona a la que se reclama lo sea tanto en la legislación del país requirente como del país requerido.
En el caso de Gabriel, sería necesario que las autoridades suizas contemplaran que la conducta de la antisistema está penada en ambos territorios. El artículo equivalente al delito de rebelión en Suiza sería el 265 del Código Penal, que prevé penas de «al menos un año de cárcel» para quien cometiera un acto «para cambiar violentamente la Constitución o la Constitución de un cantón»; pero también se aplica sobre quien intente derrocar violentamente a las autoridades constitucionales, a los que impidan que estos puedan ejercer sus funciones o a los que intenten separar «ilícitamente parte del territorio de Suiza».
Sin embargo, a partir del momento en que Gabriel y sus abogados -en Suiza ha contratado a Olivier Peter, que ha defendido a etarras- aleguen causas «políticas» el trámite de extradición seguiría otros cauces.