Los bancos asumen impagos en el alquiler de hasta el 40% de sus pisos
El Gobierno viene de prorrogar por cuarta vez y hasta principios de 2019 el Fondo Social de Viviendas (FSV), un parque de casi 9.900 pisos aportados por los bancos y destinados en régimen de alquiler social a familias en situación de vulnerabilidad económica y riesgo de exclusión. El Ejecutivo popular buscaba con esta medida, aprobada a finales de 2012, paliar el drama de los desahucios, y la banca mejorar su deteriorada imagen pública con una ayuda que apenas le genera réditos económicos. Fuentes de las entidades financieras adscritas al fondo cifran desde el 20% y hasta el 40% la morosidad de los aquileres de sus viviendas destinadas a esta finalidad.
A cierre de 2017 el Fondos Social de Viviendas había suscrito ya más de 9.500 contratos de arrendamiento en torno a las 9.865 viviendas aportadas por un total de 12 grupos financieros, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Economía. Varios bancos consultados detallan que entre el 20% y el 25% de sus pisos para alquiler social sufren impagos; otros elevan esa tasa de morosidad al 40%.
«Muchos de estos alquileres sociales se hacen casi a fondo perdido», explican desde uno de los bancos, recordando que según el real decreto aprobado en 2012 por el Gobierno y el convenio de adhesión firmado por casi todas las entidades del país la cuantía mensual está comprendida entre 150 y 400 euros al mes con un límite máximo del 30% de los ingresos netos de la unidad familiar.
Rentas de entre 150 y 400 euros
Esto hace, según las entidades consultadas, que el alquiler medio esté más bien en el tramo inferior de ese rango, pues muchos familias solicitantes tienen a todos sus miembros en paro y pueden llegar a cobrar únicamente el subsidio de 426 euros al mes para parados de larga duración.
En concreto, pueden solicitar un alquiler social aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por impago, ingrese menos de 1.613 euros al mes, no tenga otra vivienda y esté en situación de vulnerabilidad por condiciones como estar en paro y haber agotado las prestaciones por desempleo, ser familia numerosa, dependiente o víctima de violencia de género, entre otros supuestos.
Prórrogas
Los contratos de alquiler firmados entre los bancos y las familias son por dos años prorrogables automáticamente a tres salvo que la entidad concluya que ya no se cumplen los requisitos iniciales. Al respecto, las entidades financieras, según las fuentes, solo están desalojando viviendas en situación de «okupación», mientras que incluso a aquellas familias que han impagado la renta por regla general se les está renovando el contrato.
La intención, según la banca, es tratar de aliviar la carga económica que la vivienda supone para estas personas en riesgo de exclusión, puedan coger aire financiero y pasar a un alquiler normal, dejando libre esas viviendas sociales a otras familias en apuros. A día de hoy, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el 60% de los desahucios que se ejecutan en España son ya por el impago del alquiler, y el resto por no abonar la cuota de la hipoteca.
Situación del Fondo
El FSV nació con 5.891 pisos. Sin embargo, en 2015, como denunció ABC, todavía acumulaba 4.500 sin arrendar debido a las trabas burocráticas y administrativas, entre otras razones. Entonces el Gobierno flexibilizó los trámites, agilizando los alquileres. Además, los bancos aportaron 3.974 casas más, hasta las 9.865 viviendas.
Caixabank es la entidad que más inmuebles ha aportado al fondo, un total de 3.661 unidades, seguida de Bankia (2.379), BBVA (1.716) y el Santander, que con la absorción del Popular suma 1.561 pisos en el FSV.